El Grupo Ecologista Mediterráneo cree llegado el momento de poner freno a una expansión enloquecida de los regadíos en una provincia que está sufriendo el peor momento, desde el punto de vista del balance hídrico, de las últimas décadas. Con un déficit que se cifra según algunos en torno a 190 hectómetros cúbicos, en 160 según otros, es irracional y carece de toda lógica que se sigan incrementando las superficies regables con autorización de la Junta de Andalucía en la mayor parte de los casos.
Es indiscutible que la agricultura es el principal activo económico con el que hoy cuenta la provincia, y por esa misma razón es necesario realizar una gestión exhaustiva de los recursos hídricos. Las medidas adoptadas hasta ahora con la incorporación de aguas residuales tratadas o con la aportación de agua desalada no han servido para solventar el déficit, sino más bien para seguir manteniendo una loca carrera que se traduce en un incremento de las superficies regables, impulsadas en muchos casos por grupos económicos o empresas que no dudan en competir con los agricultores tradicionales e incluso con las poblaciones para quedarse con los escasos recursos disponibles.
La puesta en marcha de esos proyectos de reutilización y de desalación han generado un aumento irreal de las expectativas de dotación de agua, de forma que lejos de solventar la situación deficitaria de los acuíferos, han generado gravísimos problemas como los ya denunciados casos del acuífero del Río Aguas, el más sobreexplotado de Europa, o de la comarca de Los Vélez, que está perdiendo las fuentes que desde siempre regaron sus campos y abastecieron a sus pueblos.
Problemas de las desaladoras
Desde el GEM se advirtió hace años que el agua desalada es cara, y la mejor prueba de ello es que los regantes se resisten a utilizarla y las plantas construidas funcionan, en su mayoría, muy por debajo de su capacidad de producción. Sólo ahora, un momento especialmente delicado porque la ausencia de lluvias ha dejado a la provincia sin el aporte de los trasvases, se están empezando a demandar, pero siempre a la espera de que lleguen otros recursos o de que la administración les rebaje los precios del metro cúbico.
Y mientras tanto vecinos y comunidades de regantes están siendo expoliadas de sus aguas por esos grupos o empresas que no tienen empacho de crear grandes superficies de regadío allí donde no hay agua, lugares en los que, como el Campo de Tabernas o Sorbas, sólo existe la promesa de llevar agua desde la desaladora de Carboneras, una obra ni empezada ni presupuestada que, en el mejor de los casos, tardará muchos años en ser operativa. Mientras tanto, se condena a pueblos enteros y a sus agricultores a la sequía permanente y a un coste del recurso que en cualquier caso tendrán que pagar a precios prohibitivos.
Llamamiento a la responsabilidad
Desde el GEM queremos apelar al sentido de la responsabilidad de los regantes, porque las organizaciones tienen el deber de velar por los agricultores, un deber que está dejando de lado en favor de los grandes proyectos que amenazan la supervivencia incluso de los propios agricultores. Almería basa su potencia hortofrutícola en un modelo de agricultura familiar, y serán esas familias las que pasen penurias si se sigue permitiendo que al agua sea objeto de un mercadeo cruel con los pequeños y generoso con los grandes.
Críticas a Feral
Un ejemplo del nivel de inconsciencia de las organizaciones de regantes, con su Federación (Feral) a la cabeza, es que disponiendo de información cuantificaron en 2006 el déficit en 108 hectómetros cúbicos para justificar la desaladora de Villaricos. Diez años después ya cifran ese déficit en más de 180 hectómetros cúbicos. Pero lejos de reflexionar, mantiene las mismas propuestas y el mismo modelo, a pesar del escenario de cambio climático que estamos viviendo y que ya nadie pone en duda.
Toque de atención a la Junta de Andalucía
Pedimos también responsabilidad y eficacia a la Junta de Andalucía y sus consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura porque aún hoy, cuando la sequía amenaza a miles de hectáreas de cultivo y a miles de agricultores, sigue haciendo oídos sordos ante el problema, sigue sin actuar ante roturaciones en zonas rurales y en espacios naturales protegidos (casos recientes de los Artos de El Ejido o del entorno del Parque Natural del Cabo de Gata). Y lo más grave es que en algunos de esos casos los promotores cuentan con la autorización de la Junta, actitud que no dudamos en calificar de irresponsable, de la que se deberían derivar responsabilidades tanto legales como políticas.
El GEM hace un llamamiento a la responsabilidad tanto de nuestros responsables políticos como de los regantes almerienses para detener ese crecimiento irresponsable de cultivos en una tierra en la que, lamentablemente, no hay más agua. Tenemos claro que en esta situación cualquier nueva superficie de regadío puesta en marcha supone la hipoteca y la muerte de otros cultivos cuyos propietarios no pueden enfrentarse a la escasez y a los precios de un agua que ya no llega para todos.
Estamos en una situación crítica, pero además debemos competir en un mercado de alto potencial económico como el europeo, que además reclama modelos productivos sostenibles, compatibles con el medio ambiente y con una adecuada gestión de los recursos naturales. Un mercado que premia las prácticas ambientalmente sostenibles, pero que puede de la misma forma castigar a quienes, como están haciendo los almerienses, desoyen las llamadas a la racionalidad y acaban por destruir sus escasas reservas hídricas en una vorágine destructiva para los agricultores, para el conjunto de los ciudadanos y para el medio ambiente. Esperamos que no tengamos que pagar un duro precio por esa irracionalidad.
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