La década que tantas revoluciones nos había traído dejaba una Almería difícil de definir, una ciudad caótica, envuelta en un aura de desorden y abandono, como si por ella hubiera pasado una guerra silenciosa. La Almería entre 1979 y 1980, que estrenaba democracia y una nueva generación dispuesta a transformar la sociedad, no había podido curar las profundas heridas que en asuntos urbanísticos le habían dejado las décadas anteriores.

El daño que se le había hecho era ya irreparable. A la ciudad se le había arrebatado su esencia de pequeña villa mediterránea de casas bajas que presumía de la solemnidad de sus caserones burgueses que eran el vestigio de antiguas épocas de esplendor. De aquella Almería mágica y acogedora ya quedaba poco, pero al menos en la nueva conciencia de ciudad que empezaba a nacer se palpaba cierta inquietud por evitar que la herida se fuera haciendo más profunda y evitar ese maldito deterioro continuado de nuestra fisonomía urbana.

Almería había comenzado 1979 lamentando carecer de una política clara de conservación del patrimonio histórico artístico y asumiendo la necesidad de crear un perímetro de protección entre el casco histórico, el Parque y el Paseo, para evitar que se siguieran cometiendo grandes fechorías. El proyecto pasaba por elaborar un catálogo donde se incluyeran los edificios intocables, los que no podían caer en manos de la especulación. Fue entonces cuando en esa lista se incluyó al cargadero de mineral del Cable Inglés, que atravesaba por unos años complicados debido al interés de algunos en derribarlo al considerarlo un manojo de hierros oxidados que nos estaba quitando una playa.

Esa nueva conciencia de ciudad que empezaba a notarse había logrado frenar el derribo del arco entre la calle Real y la Plaza Careaga, uno de los rincones más bellos y típico, que se encontraba en una situación de ruina casi absoluta. Nadie lo tiraba a la espera de que se cayera solo.

En el catálogo protector se incluía la Finca de Santa Isabel, el instituto Celia Viñas, la Escuela de Artes y Oficios y el colegio de La Salle. También figuraba el Preventorio, que se encontraba completamente abandonado y la Estación.

No todos los edificios que empezaron a ser catalogados se salvaron de la quema. La protección que se le quiso dar en principio al del cine Hesperia, por haber sido una referencia en la ciudad, el local donde por primera vez se vio una película sonora, quedó en papel mojado y años después fue derribado para levantar sobre sus cimientos una urbanización de edificios. Tampoco se libraría de las palas el recordado chalet de Santa Rita, conocido popularmente como el del gitano, que aunque estaba incluido en la lista de bienes a conservar acabaría siendo demolido.

Sí tuvo más suerte el histórico Palacio de los Marqueses de Cabra, de la calle Arráez, que en los años setenta era sede de la Acción Católica, y que en algunas partes de su estructura presentaba graves síntomas de decadencia. Fue incluido en el catálogo junto a otros caserones de gran importancia como el palacio de la familia Perceval entre las calles de Eduardo Pérez e Infanta; la casa de la Plaza de Bendicho que existía adosada a los muros de la Catedral y la del antiguo Ayuntamiento, entre las calles de la Reina, Almedina y Soto.

Fuera del casco histórico se consideraron de interés las garitas del Diezmo, el Palacio de Arboleas, el Cortijo de Alhadra, la Escuela de Los Molinos y la finca del Mamí.

Aquella ciudad entre décadas llevaba encima la patina de los lugares abandonados: las fachadas de los templos estaban descuidadas y los conventos se desconchaban por culpa de la humedad, mientras se seguía festejando lo nuevo, la llegada de nuevas urbanizaciones sin el más mínimo criterio histórico y estético.