El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) está en ‘stand by’ que no descartado. Así lo transmitía ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, quien ratificaba que si el Ayuntamiento de Almería rectifica los fallos “podría aprobarse antes de final de año” pero que sin duda dejaría un camino de casi trece años de andadura para que logre ver la luz un plan que “se parece como un huevo a una castaña” de lo que se creó inicialmente, tal y como ya decía en su día el que fuera concejal de Urbanismo, Juan Megino, y que llega a una ciudad que ya no necesita lo mismo que al comienzo de la tramitación.
Y es que los ‘padres’ de este Plan General, los concejales de Urbanismo que lo crearon, Juan Megino y Pablo Venzal, tienen claro que este nuevo retraso no beneficia en nada a la ciudad.
Explica Venzal, hoy parlamentario andaluz del PP, que “la media de tiempo de aprobación de los planes generales de las ciudades de más de 200.000 habitantes es de trece años” por tanto, no es un problema exclusivo de Almería. Afirma que “no puede ser, eso significa que algo falla y que tenemos un problema burocrático” para su aprobación.
Teniendo claro que tanto tiempo hace que “surjan todo tipo de nuevas normativas a las que hay que ir acomodando el plan” y que lo convierte en casi un bucle del que es difícil salir, Venzal está convencido de que “Ayuntamiento y Junta van a llegar a un entendimiento y se van a buscar soluciones”.
Problemas
El argumento de la falta de recursos hídricos es para Megino “una falacia” ya que no solo “el Ayuntamiento es propietario de parte de los Pozos de Bernal ya que a Almería se le iba a abastecer con agua de Benínar pero al ser inviable porque no había una potabilizadora, se dejó Benínar para el riego y Bernal para consumo”. Suma a eso que “la desaladora tiene capacidad para dar servicio a 250.000 habitantes” por lo que “hay recursos más que suficientes para el presente y para el futuro”.
Entonces ¿cuál es el problema real del PGOU de la capital? Decía el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ayer mismo que “ese no es el problema, o que con la solicitud de las concesiones de los Pozos de Bernal no se soluciona el Plan General, y si no yo les invito a que compartan con sus compañeros periodistas de municipios como Marbella, Toledo u Orense, y que les pregunten por qué les han tumbado el Plan General” y al ser preguntado por el motivo aseguraba que “es por el estudio de alternativas”.
Precisamente esta es la misma explicación que da Pablo Venzal y que supone que el documento que de momento está en suspenso debería contener alternativas diferentes para los desarrollos urbanísticos de futuro. Es decir, explicar por ejemplo que se puede crecer hacia la Corona Norte o hacia la Vega de Allá pero que prevalece el primero porque el segundo tiene que construir unos puentes muy costosos.
“Implícito”
Pues eso no lo contiene como tal el Plan General de Almería, como no lo tenía el planeamiento redactado en Marbella. Según Venzal “el PGOU tiene esto de forma implícita porque se justifica la elección del crecimiento escogido” pero a partir de ahora hay que ponerlo explícitamente en el documento.
En realidad eso es lo que tienen que trabajar de forma conjunta Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía para culminar la aprobación del planeamiento aunque eso requerirá tiempo y que se lleguen a acuerdos entre las dos administraciones públicas.
Consecuencias
Mientras tanto, el plan queda en suspenso como afirma el propio consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y se ratificará la próxima semana en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.
Lo que más molesta en el ente municipal es que no se haya cerrado un primer acuerdo para salvar el planeamiento de la ciudad consolidada y de los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General del año 98 algo que habría permitido salvar los convenios urbanísticos firmados dependientes de esta aprobación.
Para Juan Megino, en el caso de que finalmente no hubiera acuerdo y se aprobara el plan, “no se justificaría por la Junta y supondría una dejación grave”. Llega incluso a decir que podría tener el Ayuntamiento la oportunidad de reclamar a la Junta daños patrimoniales ya que tendrían que devolver las cuantías recibidas por los convenios urbanísticos de La Salle y de la Compañía de María.
Hasta entonces, aún queda margen de negociación.
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