El salón noble de la Subdelegación del Gobierno en Almería acogió ayer el acto de celebración del 38 aniversario de la Constitución Española, adelantado por el corsé de las agendas institucionales y los rigores del puente de la próxima semana.
El evento presidido por Andrés García Lorca reunió a representantes de administraciones públicas, fuerzas de seguridad del Estado y agentes sociales. En esta edición el capítulo de reconocimientos se dividió entre el homenaje a los funcionarios y la distinción a autoridades judiciales.
Rafael García Laraña, magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, recogió un premio a su trayectoria, como representante del colectivo de jueces que cada día presta un servicio público básico. “Somos responsables y tenemos la obligación de profesionales, altura técnica e imparcialidad”, señaló durante su intervención. “Tenemos que dar respuesta a la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros”, añadió.
Por su parte, José Pascual Pozo, decano del Colegio de Abogados de Almería, recogió una placa en nombre de la institución, distinguida en el año de su 175 aniversario. El subdelegado García Lorca destacó la labor de los letrados en el ejercicio de “ los derechos fundamentales de los ciudadanos” recogidos en la Carta Magna.
Junto a abogados y jueces, cuatro funcionarios de órganos estatales recibieron menciones por su trayectoria. Son Miguel Ángel de la Cruz, director del centro penitenciario de El Acebuche, Manuel de la Torre, jefe de la dependencia de Industria y Energía, José Manuel Urbano, jefe del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y María de la Paz Castillo, secretaria personal del subdelegado del Gobierno. De los funcionarios reconocidos Andrés García Lorca aseguró que “representan al conjunto de la Administración General del Estado en la provincia, que cumplen con entusiasmo, entrega y responsabilidad las funciones de su cargo”.
García Lorca hizo también un llamamiento al diálogo entre partidos, aunque advirtió de los riesgos de un bloqueo en las Cortes. "A diferencia de las legislaturas con mayoría de un solo partido, la realidad de ésta obliga a ser copartícipes de las decisiones (...) obstaculizar la acción del Gobierno hasta hacerla imposible sin generar alternativas asumibles sería una grave irresponsabilidad".
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