Un sargento pidió por carta liberar a su primo, detenido con un alijo de 319 kilos de hachís

El agente escribió al instructor de Vélez Rubio, la Guardia Civil le sancionó un año y el Supremo ordena revisar el caso

Un agente muestra la droga intervenida
Un agente muestra la droga intervenida
Javier Pajarón
20:14 • 27 dic. 2016

a Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha ordenado la revisión del caso  de un sargento de la Guardia Civil suspendido durante un año de empleo y sueldo por interceder en favor de su primo hermano, detenido con 319 kilos de hachís en una operación antidroga en la autovía A92 en diciembre de 2013.




El agente estaba destinado en un puesto en la Región de Murcia y, según la resolución, escribió una carta para pedir la puesta en libertad de su primo. El detenido, de 39 años de edad, permanecía en prisión provisional por un presunto delito contra la salud pública en Almería.




La misiva fue entregada por el abogado de la defensa en el Juzgado de Instrucción número Uno de Vélez Rubio y estaba firmada con su nombre, cargo y número de identificación profesional, según revela la resolución del TS. “Se trata de una persona bastante conocida por los vecinos de su pueblo, que desde su infancia se ha dedicado a trabajar sin trasladar ningún problema relacionado con la seguridad ciudadana, ni se le ha conocido vinculación alguna con el mundo de los delitos relacionados con la salud pública”, comenzaba el escrito del sargento. “Ahora era destacado por su cuidado como padre de familia, donde junto a su mujer y dos hijos, forman una familia estable y respetable del pueblo”, continuaba la carta.




El agente del Instituto Armado alababa “una cantidad de amigos amplia” y el “carácter amigable y gentil” de su primo, en prisión provisional por el orden del Juzgado de Vélez Rubio en la fecha de entrega del documento.  “No ha sido nunca ligado a ningún grupo de riesgo delincuencial por su buena conducta en el día a día”.




La comunicación generó un impacto inmediato en el instructor. El juez de Almería, con cierta retranca, mandó otro escrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia preguntando si la institución tenía pensado “solicitar la libertad provisiona de una persona que ha sido ingresada en prisión por ser sorprendida con 319 kilos de hachís, cuyo valor en el mercado ascendería a 382.000 euros”. El párrafo estaba marcado con negrita.




“Empaña la imagen”
La Benemérita se desmarcó. “No se ha impartido orden o instrucción de ningún tipo que justifique la confección del precitado informe, por lo que el mismo ha sido emitido presuntamente por dicho suboficial (...) e interfiere sorpresivamente en un procedimiento judicial (...) entorpeciendo la labor de la justicia y constituyendo una notable extralimitación en el ejercicio de su función o cargo”.




La propia Guardia Civil alertaba de que su intervención “empaña de forma considerable la imagen de esta institución”. Por eso abrió un proceso sancionador saldado con la suspensión durante un año de empleo y sueldo.




La medida fue ratificada en todas las instancias hasta llegar a la Sala de lo Militar del TS. Ahora, una sentencia del Alto Tribunal (entre los firmantes está Benito Gálvez, ex presidente de la Audiencia Provincial de Almería), ordena revisar el caso por “dudas” sobre la imparcialidad de uno de los componentes del Tribunal Militar Central.


El sargento alegó que un general formó parte del Consejo Superior de la Guardia Civil, órgano consultivo, y luego del Tribunal Militar. El Supremo considera que existen elementos para cuestionar la imparcialidad y, por tanto, ordena repetir esa fase del proceso. 



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