El albojense alcalde de Salou (CiU), con la Constitución

Salou es uno de los municipios más internacionalistas de Tarragona y de Cataluña. Y también de los de más reciente creación. Durante la década de los 70 del siglo pasado se gestó en el pueblo un creciente movimiento de segregación, que culminó en 1989 con la independencia administrativa de Vilaseca. En ese proceso, la FUTS (Formació Unitat per Salou) ha tenido un protagonismo especial y los salouenses así lo han reconocido en los diferentes comicios locales. En 1991 un miembro de esta formación política, Esteve Ferran i Rovira, se convirtió en el primer alcalde electo del municipio. Excepto un pequeño periodo de dos años, desde 2007 a 2009, con el gobierno regentado por los socialistas, este partido local ha mantenido siempre las responsabilidades de gobernar el municipio.

Desde 2009, Pedro Granados Carrillo es el alcalde de Salou. Pere –tiene catalanizado su nombre- nació en Albox en 1958. Su familia emigró a Cataluña a mediados de los sesenta, con sus padres Alonso Granados Parra (de Arboleas) y Carmen Carrillo Soto (de Albox) a la cabeza. Dos hermanos -el mayor, Cristóbal, y Pere- nacieron en Almería. En Cataluña nacieron Antonia y Jorge.

Desde muy pronto Pere se integró en la vida social y política de Salou. Abogado de profesión, en 1995 entró por primera vez en el consistorio municipal como concejal de Gobernación. Siempre ha pertenecido a Unitat per Salou, si bien esta formación política local ha formado con frecuencia acuerdos electorales con CiU. Es también diputado provincial desde 2011.

El acceso de Pere Granados a la alcaldía de Salou por primera vez fue por una moción de censura contra el equipo de gobierno PSC-ICV. En mayo de 2015, encabezó la candidatura de Convergencia i Unió consiguiendo ocho concejales. Empezó a gobernar en minoría y posteriormente suscribió un acuerdo de gobernabilidad con los cuatro concejales socialistas (CDC-PSC). La portavoz de Ciudadanos, Marta Cortés, criticó que “el PSC ha creado un pacto de gobierno basado en la opacidad, al pactar con un grupo independentista”. Si lo decía por el alcalde, su apreciación no era muy acertada.

Ante el proceso secesionista de Cataluña, Pere Granados tiene las ideas más que claras, a pesar del acuerdo que su formación, la FUPS, mantiene con uno de los partidos de la coalición Junts pel Sí que gobierna la Generalitat y promueve la independencia. Lo puede decir más alto pero no más claro: “Vamos a cumplir el ordenamiento jurídico vigente. No podemos hacer otra cosa Yo voy a cumplir la ley porque sin ordenamiento jurídico no hay democracia”.

A la carta enviada por el presidente Puigdemont y el presidente Junqueras en solicitud de locales municipales para habilitarlos como colegios electores el 1-0, Pere ha respondido con el silencio. O sea, que, por parte del Ayuntamiento de Salou, la Generalitad, si lo desea, ya puede ir buscándose otros lugares, porque los que son propiedad municipal no van a estar dispuestos para esos menesteres.

Salou, un pueblo turístico
Salou tiene 26.000 habitantes censados, pero en verano se superan los 200.000. En su término municipal se asientan importantes complejos hoteleros, a los que hay que añadir la cercanía del parque temático Port Aventura, inaugurado en 1995.

Pere Granados no quiere que el proceso independentista de la Generalitat influya en la marcha normal de su pueblo. De hecho, la semana pasada, mientras la mayoría de alcaldes catalanes se dedicaban a dirimir sobre el referéndum, él iba a lo suyo, a lo que interesa a su pueblo. Junto al concejal de Turismo ha participado en la 1ª Jornada Estratégica para Destinos Turísticos Pioneras que organiza Torremolinos. Este encuentro nace fruto de la alianza de destinos turísticos (AMT) de las ocho poblaciones de sol y playa con más pernoctaciones en España (Benidorm, Torremolinos, Salou, Calvià, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana, Arona y Adeje) y que ha servido para seguir manteniendo una nueva reunión periódica de este lobby turístico.

El alcalde de Salou ha insistido en la importancia de un nuevo sistema de financiación para los municipios turísticos, reclamando mayores recursos provenientes de la participación en los tributos del Estado y de otras administraciones.