El avión de Vigilancia Aduanera posó su mirada sobre una pequeña franja blanca sobre la superficie azul del Mar de Alborán. El velero holandés Mirca flotaba a unas 50 millas náuticas de la costa de Cabo de Gata y ofrecía sus flancos a dos lanchas rápidas surgidas de la nada.
Los tres miembros de la tripulación cargaron pesadamente las 8,7 toneladas de hachís repartidas en más de 300 fardos de arpillera. Los paquetes coparon cada espacio libre de la bodega y bajaron la línea de flotación más allá de los límites recomendados para la navegación. Máximo riesgo. Grandes beneficios.
Entonces la Agencia Tributaria, con instrucción del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), saltó sobre el barco y completó un nuevo golpe a la llamada Ruta del Mediterráneo Occidental. Era la mayor operación contra el tráfico de hachís en un velero en años. Corría el mes de septiembre de 2015.
Prisión para los holandeses
El bote acabó en la dársena del Muelle de Poniente del Puerto de Almería, reservada tradicionalmente para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Aduanas y Salvamento. El Juzgado de Instrucción número Seis de la capital decretó prisión para los tres holandeses (dos hombres y una mujer) y envió el caso a la Audiencia Nacional.
Según la sentencia del caso (Sección 2 de la Sala de lo Penal, 18 de noviembre de 2016), el alijo de hachís tendría un valor en el mercado de 48,8 millones de euros, una muestra de la ‘calidad’ del producto y una justificación del riesgo adoptado por los marineros, tripulantes de una nave con su capacidad de arrastre completamente desbordada por los fardos de droga.
Dos años después, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda sacan a subasta el velero holandés Mirca dentro de un plan para vender los activos decomisados a las grandes redes de narcotráfico.
El barco tiene un precio de salida de 46.000 euros, mide 15 metros de eslora por 4,5 metros de manga y un motor de 160 caballos, aunque con desperfectos. La autoridad judicial ha dado luz verde para su venta.
Bienes y mecanismos
El objetivo del plan de adjudicación de bienes procedentes del narco es recuperar parte del dinero invertido para capturar a los traficantes y potenciar los planes de desintoxicación de los consumidores de drogas. Las autoridades implicadas han firmado protocolos para acelerar la fase de subasta, ya que tradicionalmente la complejidad de los casos hace que los bienes queden abandonados en los depósitos durante años.
En la próxima adjudicación, el Ministerio del Interior presenta también un importante paquete de bienes igualmente retirados en operaciones policiales en la provincia de Almería. Entre ellos hay cinco vehículos de alta gama (incluida una furgoneta) y cuatro lanchas de distinto porte, además del mencionado Mirca.
Las pujas determinarán el precio final de las licitaciones, aunque las bases establecen unas cantidades de partida. Los diez lotes vinculados a la provincia de Almería que cuentan con autorización judicial para su venta suman más de 100.000 euros. Este importe irá destinado al Tesoro Público.
En la última adjudicación prevista por el Plan Nacional sobre Drogas se ofertan 53 lotes repartidos por toda España, aunque concentrados fundamentalmente en Andalucía y la ciudad autónoma de Melilla.
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