Francisco Javier Guerrero, administrador de Leitour Viajes, ocupó la silla central de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Almería y sacudió con sus respuestas el juicio del denominado Caso Facturas. Un terremoto en los pilares del edificio construido por las defensas de Teresa González y Joaquín Conde. Un punto de inflexión.
Francisco Javier Guerrero y su socio Aristides Javier Martos se enfrentan a una petición fiscal de siete años de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la administración. Sin embargo, han decidido colaborar con la justicia. En su declaración, Guerrero describió factura a factura un presunto plan delictivo destinado a desviar fondos del Patronato Provincial de Turismo, organismo autónomo vinculado a la Diputación de Almería, entre los años 2009 y 2011.
Según el empresario, el sistema utilizaba una facturación ficticia de servicios inexistentes a instancias de Teresa González, secretaria del Patronato de Turismo y principal acusada en el procedimiento, y el empresario Joaquín Conde. “La que llevaba la voz cantante era Teresa”, aseguró a preguntas del fiscal José María López Cervilla.
La supuesta trama nació con el cobro de una deuda. El club de voleibol Unicaja debía 25.000 euros a Leitour Viajes por los desplazamientos y, según el Francisco Javier Guerrero, Joaquín Conde intermedió con la Diputación de Almería para cobrar. Según esta versión, el vicepresidente Luis Pérez Montoya se comprometió a impulsar una subvención para el club que permitiera sufragar el pago de la deuda (el ex dirigente socialista negó que se subvencionara el pago de una deuda, “algo que sería ilegal”).
Viajes inexistentes
Desde entonces, comenzó una facturación ficticia de viajes y servicios inexistentes, según la investigación desarrollada por la Policía Nacional y confirmada por el administrador de Leitour Viajes. “Nosotros íbamos a cobrar los 25.000 euros con una serie de facturas que no iban a tener un concepto real y que iban a compensar también un deuda con el señor Conde”, comenzó Francisco Javier Guerrero. “Al principio se nos dijo que teníamos que facturar unos 90.000 o 10.000 euros pero luego la cifra fue subiendo”.
La denuncia de la Diputación de Almería detectó 107 denuncias falsas elaboradas por Leitour Viajes. El procedimiento era relativamente sencillo. “En una primera fase me pasaban unos estadillos con el nombre de los pasajeros y el destino (...) luego, en una segunda fase, la secretaría, me daba el lugar y la fecha del viaje y yo me inventaba los nombres”, continuó Guerrero.
La Policía Nacional comprobó los datos de las facturas sospechosas y descubrió 63 personas desconocidas, inexistentes, completamente inventadas para darle veracidad a los supuestos viajes cobrados por la agencia. Pero, ¿dónde iba el dinero?
Según Francisco Javier Guerrero, la agencia (también facturó servicios reales) recibía los pagos del Patronato Provincial de Turismo de Almería y luego entregaba cantidades en metálico a Joaquín Conde. Según la acusación, el abono de las mencionadas facturas no generaba problemas porque eran conformadas por la propia secretaria Teresa González, aunque la procesada aseguró en la primera sesión del juicio que su firma fue falsificada.
Pagos en metálico
Guerrero confirmó las acusaciones del Ministerio Fiscal y elevó a 179.000 euros el montante presuntamente entregado al administrador de Publifiestas Conde y conocido proveedor de merchandising. “Sabía cuando se nos iban a hacer las transferencias desde el Patronato”, dijo el empresario.
El socio de Leitour Viajes completará su testimonio este viernes en la cuarta sesión del juicio oral del Caso Facturas. Se espera a continuación la declaración de Aristides Javier Martos, también administrador de la sociedad. Los empresarios señalan directamente a Conde y González en la presunta trama y, aunque admiten la facturación ficticia, apuntan que buscaban cobrar sus servicios tras peticiones reiteradas a Unicaja Voley desoídas.
Por el contrario, Francisco Javier Guerrero exonera a Luis Pérez Montoya. En su declaración aseguró que no detectó que el dirigente socialista conociera la existencia de las facturas falsas. El propio vicepresidente de la Diputación de Almería aseveró en la segunda sesión que solo firmaba los documentos que le pasaban con los informes técnicos de la secretaria y de la Intervención y que era “materialmente imposible” confirmar los detalles de los gastos. “Firmaba sin mirar”. El juicio del Caso Facturas regresa a la sala a las 10 horas de este viernes.
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