La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería dicta sentencia en el denominado Caso Facturas. El tribunal impone penas de prisión para 14 acusados de la facturación fraudulenta en el Patronato Provincial de Turismo entre los ejercicios 2007 y 2011. La sentencia de 318 páginas, a la que ha tenido acceso LA VOZ, estima esencialmente los hechos descritos en el informe del fiscal José María López Cervilla y de la acusación particular de la Diputación Provincial de Almería.
El tribunal condena a María Teresa González, secretaria del Patronato de Turismo, a 9 años y 10 meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos (en concurso medial con delitos de falsedad documental y fraude) e infidelidad de documentos.
La sentencia condena además a Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación de Almería durante la etapa socialista, a 7 años y 10 meses de prisión como autor criminalmente responsable de un delito agravado de malversación de caudales públicos.
Según los hechos probados, ambos “acordaron un plan para destinar los fondos públicos del Patronato Provincial de Turismo a fines ajenos de los que le eran propios, bien para gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, o para fies desconocidos ajenos al destino publico a que estaban destinados”.
El tercer acusado es el conocido empresario Joaquín Conde. La Audiencia Provincial de Almería condena al proveedor a una pena de 5 años de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de fraude a la administración.
El resto de los condenas tienen penas inferiores a los dos años de prisión, como era previsible tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía para colaborar en sus declaraciones y beneficiarse de una rebaja, que evitara el posible paso por la cárcel.
Responsabilidades civiles
Además, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería “absuelve a José Andrés Soler, Antonio Bueso, Bernardo Hernández, Gabriel Hernández y a la mercantil Viajes Ejisol SL de los delitos por los que venían siendo acusados”.
Los responsables de la empresa Leitour Viajes, colocada por la investigación en el centro de la trama de falsificación de facturas, son condenados a sendas condenas de 1 año y 11 meses de prisión. Su colaboración durante los dos meses de sesiones celebradas en el Palacio de Justicia de Almería son claves para el esclarecimiento de los hechos, como acredita la sentencia y destacó el fiscal López Cervilla.
Las penas impuestas a ambos empresarios quedan muy lejos de las dictadas para los presuntos responsables de la trama criminal, Luis Pérez Montoya y María Teresa González. Según la sentencia, la secretaria y el ex vicepresidente de la Diputación de Almería “se pusieron de acuerdo con empresarios que, o bien eran proveedores habituales del Patronato de Turismo, o bien los asociaron al Patronato para este fin”.
“Éstos elaborarían facturas por unos servicios o suministros que bien podían ser propios del Patronato, sin embargo, dichos servicios no se prestaban, o esos suministros no se entregaban, o se entregaban en una cantidad muy inferior a la realmente facturada”, añade el tribunal presidido por el magistrado Jesús Martínez Abad.
“Para dar apariencia de legalidad y soporte jurídico a tales facturaciones, Luis Matías Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de María Teresa González, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar, pero sí pagar, por el Patronato”, continúa la sentencia de 318 páginas.
Futuros recursos
El tribunal describe en los hechos probados viajes fraudulentos, servicios inexistentes y comidas con personas ajenas a las supuestas reuniones celebradas. Los jueces observan tres tipos de fraude: reconocimientos extrajudiciales de crédito, convalidación de gastos sin procedimiento administrativo y aprobación de los denominados Acuerdos Generales.
La sentencia impone igualmente importantes sanciones económicas en concepto de responsabilidad civil. Las cantidades corresponden al supuesto desfalco cometido o propiciado por los acusados en las arcas públicas del Patronato de Turismo.
María Teresa González deberá abonar 706.000 euros, Luis Pérez Montoya 640.000 euros y el empresario Joaquín Conde 363.000 euros. La mayoría del resto de los acusado ya consignó todo el dinero o una parte antes de la celebración del juicio oral en la Audiencia Provincial.
La sentencia no es firme y tendrá previsiblemente un buen número de recursos de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este trámite dilatará la ejecución y ofrece una segunda posibilidad para los acusados de defenderse.
El llamado Caso Facturas se destapó con una denuncia del actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, que declaró como testigo durante el juicio oral celebrado entre los meses de diciembre y enero en el Palacio de Justicia.
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