Las instalaciones de la Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas (RGA) y de la Unidad de Estancia Diurna que gestiona la asociación Aspapros llevan dos años cerradas esperando a que la Junta de Andalucía autorice la concesión de plazas. Perfectamente equipado (la construcción del edificio costó 3 millones de euros, que se financiaron con fondos propios de la entidad y la suscripción de un préstamo de 1,2 millones con una entidad financiera), el complejo, situado en un solar del barrio de Torrecárdenas cedido por el Ayuntamiento de Almería en el año 2011, podría atender a un total de 42 personas: 24 que vivirían en la residencia para los gravemente afectados y 18 usuarios para la Unidad de Estancia Diurna.
Sin embargo, a pesar de la importante demanda que existe -los responsables de Aspapros aseguran que si la Junta realizara el concierto de plazas, el centro se llenaría “de un día para otro”-, la falta de apoyo presupuestario por parte del Gobierno andaluz lo mantiene cerrado y acumulando polvo. “Las instalaciones están hechas, la demanda es enorme y lo único que nos vale es que se autorice ya el concierto de plazas”, señaló Cristóbal García Marín, presidente de Aspapros durante la visita que el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, realizó el pasado viernes. Para el principal responsable de la entidad es especialmente preocupante la situación de personas mayores con hijos discapacitados intelectuales a su cargo. “Hablamos de mujeres de 70 u 80 años que tienen que atender en casa a un hijo gravemente afectado y que nos piden que el centro se abra ya. Pero el problema no es nuestro. La única solución es pedírselo a la Junta de Andalucía, que es quien lo tiene que autorizar”, explica.
Porque, añadida a esta, se da otra circunstancia: que muchas familias no dan de alta en el sistema a sus allegados por temor a que se les mande a una residencia a cientos de kilómetros. “Yo no entendería que si vivo en La Mojonera, manden a mi hijo a Vélez-Rubio. Tampoco entendemos por qué a Aspapros no se nos concede el concierto de plazas cuando hace poco se han autorizado 60 plazas para discapacitados físicos en Almería mientras nosotros llevamos esperando más de dos años”.
Ambas quejas fueron trasladadas por la directiva de Aspapros -que lleva desde los años 60 atendiendo a personas con discapacidad intelectual en la provincia- en la reunión que sus miembros mantuvieron con el titular en Almería de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Gestión
En la actualidad, la entidad gestiona seis centros (dos propios de la Junta) más un Centro de Atención Integral Temprana (CAIT) situado en la calle Estrella Errante, donde comparte solar con el complejo que permanece cerrado.
En total, 152 plazas en el ámbito de dependencia repartidas en residencias de adultos para personas con discapacidad y gravemente afectados, un Centro Ocupacional, una Unidad de Estancia Diurna y una residencia para personas con trastornos graves de conducta.
“Para la Junta, Aspapros es un referente en Almería, una entidad que lleva décadas prestando una gestión de servicios públicos fantástica”, afirmó el delegado de Igualdad, que no se quiso comprometer, sin embargo, con una fecha en la que aprobar el concierto de plazas pendiente.
Solo dijo que la Administración andaluza tendrá “muy en cuenta” el alto nivel que tienen las instalaciones -que cuentan ya con la autorización y acreditación de la Junta- en el diseño del mapa de Servicios Sociales que actualmente elabora el Gobierno andaluz y que estará terminado en el plazo de seis meses.
En mayo de 2017, el Pleno del Ayuntamiento de Almería votó por unanimidad la solicitud a la Junta del concierto de plazas para los dos nuevos centros de Aspapros, el de personas gravemente afectadas y el Centro de Estancia Diurna. La petición, a propuesta de Cs, fue apoyada por todos los grupos, incluido el PSOE.
Un mes antes, un Proposición No de Ley propuesta en el Parlamento andaluz por Ciudadanos en idéntico sentido, recibió el voto favorable de todos los grupos (PP, Podemos e IU), a excepción de los socialistas, que votaron en contra. Este grupo parlamentario presentó una enmienda en la que condicionaba el concierto de plazas a la realización de un “mapa de necesidades” de la comunidad autónoma. El mismo argumento que el viernes, Aspapros recibió de nuevo de la administración andaluza.
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