Las peticiones de asilo político en Almería crecen un 267 por ciento

La crisis humanitaria en el norte de África llama a las puertas de Europa. Cientos de miles de inmigrantes subsaharianos se lanzan a las aguas del Mar de Alborán en pequeñas embarcaciones clandestinas para buscar una salida a la guerra, la amenaza yihadista y la persecución.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela desplazamientos forzosos masivos en Mali, Costa de Marfil, Nigeria y República Centroafricana. La incidencia se observa en los cientos de asentamientos registrados en los países colindantes y, en último término, en los cruces ilegales de las fronteras europeas.

El fenómeno aparece reflejado de forma evidente en la atención de refugiados en Almería. Según datos del Gobierno ofrecidos en el Senado, las peticiones de asilo político en la provincia se multiplicaron un 267 por ciento en 2017.

La cifra coincide con el incremento de las pateras rescatadas y atendidas en las costas almerienses y registradas por la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería.  El pasado ejercicio marcó un hito histórico con 252 pateras con 5.500 personas. Nunca antes se habían detectado tantos inmigrantes irregulares.

Este fenómeno disparó las peticiones de asilo político en Almería, a pesar de la inexistencia de un Centro de Internamiento de Extranjeros en la provincia (tradicionalmente muchas de las peticiones de protección internacional han emanado de los CIEs y de centros de atención humanitaria en los primeros días de custodia o acogida).

El número de expedientes abiertos en la provincia “se ha incrementado notablemente en el caso de Almería en el último año”, según admitió el Gobierno en una respuesta parlamentaria del mes de diciembre a la senadora onubense y activista María Isabel Mora Grande (Podemos).

Desde el año 2013, la provincia ha registrado 936 peticiones de asilo político. No han trascendido, sin embargo, cuántas fueron aceptadas finalmente por las autoridades españolas.

Normativa
Un informe de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya alertó en enero de las dificultades de los demandantes de obtener el asilo en España. Esto, a pesar de que el país está obligado legalmente a atender a los represaliados. CEAR calificó de “improvisada y arbitraria” la respuesta de las autoridades españolas “ante el importante incremento de llegadas a costas españolas que se produjo el año pasado” y se mantienen el actual ejercicio.

“Esta situación pide a gritos una nueva política migratoria que no convierta a nuestras fronteras en lugares donde desaparecen los derechos de refugiados y migrantes”, añade la entidad.

“En las costas andaluzas, salvo en Málaga, no se proporciona a las personas recién llegadas información adecuada sobre el derecho de asilo”, insiste el informe ‘Los muros invisibles tras la frontera sur’.