Fiscal: “Gabriel no tuvo opción de salir con vida de la finca”

La fiscal Elena Fernández Lora aseguró en su exposición inicial que Ana Julia Quezada trazó un plan criminal para acabar con la vida de Gabriel Cruz y destaca aspectos como la superioridad física sobre el niño de ocho años o la confianza que le dotaba ser la pareja sentimental del padre Ángel Cruz.

“Ana Julia Quezada anuló cualquier opción de reacción del menor, que no sabía que la agresión llegaría de la pareja de su padre y por tanto de su entorno familiar”, dijo Fernández Lora. “No tuvo opción de salir con vida de aquella finca”.

La fiscal, que ha llevado el caso desde el inicio, reiteró la “natural indefensión de un niño de solo ocho años y 34 kilos de peso” y subrayó “la sobreactuación” posterior de la acusada. “Actuó ante los medios participando en manifestaciones y alentando a los padres (...) con absoluto desprecio al estado emocional de ellos”.

“Yo tengo una convicción subjetiva y personal que no sirve de nada pero tengo la convicción jurídica de que Ana Julia Quezada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor”, indicó.

Elena Fernández Lora solicitó a la magistrada Alejandra Dodero la incorporación al proceso de un informe fotográfico sobre la última inspección ocular en el lugar de los hechos y un documento sobre la valoración económica de los costes.

Los costes
Este último aspecto fue solicitado a la Guardia Civil por el magistrado instructor Rafael Soriano, que trató de abordar todos los puntos posibles en el caso más mediático de la crónica de sucesos de Almería en décadas. Según la documentación recogida en el sumario, los gastos derivados del dispositivo ascienden a 200.000 euros, solo en el terreno de la Guardia Civil.

No obstante, otras fuentes consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA elevan la facturación a 2 millones de euros si se tienen en cuenta el dispositivo de bomberos, servicios de emergencia, policías y otros especialistas empleados entre el 27 de febrero y el 10 de marzo de 2018.