El Tribunal Supremo confirma la condena del Caso Cheques

M. G. es condena a cinco años y tres meses

Javier Pajarón
19:52 • 28 nov. 2019

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de cinco años y tres meses de prisión para un empleado de la Junta de Andalucía procesado por apropiarse de 240.000 euros de una cuenta de Medio Ambiente.


El TS ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un jurado popular de la Audiencia de Almería, al rechazar el recurso del funcionario acusado, M. G. L., que además de la pena de cárcel es condenado a nueve años de inhabilitación absoluta y a devolver a la Junta de Andalucía la cantidad distraída en el denominado Caso Cheques.


Del pago de la indemnización hasta el importe de 105.338 euros responderá subsidiariamente la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en la que estaba la cuenta de la Delegación a la que se cargaron los talones al portador. M. G. L. realizó reintegros de la cuenta de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en dos etapas (49 cheques en 2009) y (39 cheques en 2011-2012).




Como quedó acreditado durante el juicio oral, la cuenta no estaba fiscalizada por la Junta de Andalucía y el acusado se beneficiaba de la confianza adquirida con los empleados de la entidad bancaria durante años de gestiones legales.


Según los hechos probados, el funcionario acusado, “con la intención de obtener un lucro económico y siendo consciente de la falta de control sobre la cuenta, en la que tenía firma autorizada desde 1986, entre febrero y abril de 2009 extrajo de la misma un total de 134.300 euros haciendo uso para ello de 49 talones al portador”, recoge la sentencia citada por el TSJA.




“Con la misma intención añade la sentencia, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal”, añade. El caso fue denunciado por la propia Junta de Andalucía y adelantado por LA VOZ.




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