Reclusos fuera de cobertura: El Acebuche captura 66 mini teléfonos en 2019

Ocultos en las costuras de un abrigo, en las suelas de los zapatos o en las partes íntimas de un interno de regreso de un permiso, los miniteléfonos móviles irrumpen en las prisiones como la última moda en la transgresión de las normas penitenciarias. Los aparatos tienen el tamaño de un pen drive o un mechero y apenas unos pocos euros de coste para el propietario, sin embargo, pueden suponer un riesgo para la seguridad de una cárcel.

El Acebuche pone coto a la introducción de móviles y deja a decenas de internos fuera de cobertura. Según datos del Ministerio del Interior, la cárcel de Almería localizó el año pasado 66 microteléfonos. Los aparatos son detectados por los propios funcionarios, curtidos en mil batallas en materia de control de accesos. También en registros de celdas y dependencias comunes.

En los últimos cuatro años, el centro penitenciario ha localizado 141 teléfonos móviles, con una clara tendencia al alza, según las estadísticas del Ministerio del Interior facilitadas en el Parlamento (en preguntas al Senado y al Congreso en distintas etapas recientes).
Los teléfonos son cada vez más pequeños y están construidos de materiales plásticos en su mayor parte. De este modo, es difícil que sean localizados en los arcos de seguridad.

Además, pueden introducirse en el cuerpo y ocultarse luego en el recinto con gran facilidad. A diferencia del menudeo de drogas, no existen unidades caninas para rastrear estas piezas. El resultado es un cierto mercado negro. Presos que pasan teléfonos a otros presos. Alquileres y ventas. Y muchas llamadas clandestinas, sin control.

Llamadas prohibidas
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció el riesgo para la seguridad de las cárceles y lanzó una instrucción en 2010 destinada a regular el peligro de las nuevas tecnologías.“Además de los típicos objetos prohibidos clásicos (...) están apareciendo otros de corte más sofisticado”, señala el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

El documento menciona expresamente “medios de comunicación con el exterior, teléfonos móviles con cámaras fotográficas, con grabación y videoconferencia, relojes grabadores, relojes con cámaras fotográficas incorporadas y bolígrafos pistola”. “La información será remitida al Juzgado de Guardia correspondiente cuando haya indicios racionales de delito”, precisa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en su protocolo.

El decomiso de aparatos no está castigado penalmente, aunque El Acebuche informa  al Juzgado de Instrucción de guardia. Igualmente se toman medidas disciplinarias contra los internos afectados. El riesgo es que los portadores de los teléfonos realicen llamadas prohibidas, por ejemplo a una víctima, o que muevan asuntos ilegales gracias a contactos no controlados. Los funcionarios no bajan la guardia y aumentan la presión para cortar este mercadeo de minimóviles. El Acebuche corta la línea. En España se han decomisado en los centros penitenciarios 2.600 durante el año pasado.