La situación en la que se encuentra la residencia de ancianos ubicada en el barrio capitalino de El Zapillo ha destado nuevas críticas. Esta vez ha sido Podemos Andalucía quien ha denunciado "el abandono, dejadez y mala gestión" de las residencias públicas de titularidad de la Junta de Andalucía. En especial, desde la formación morada en Andalucía señalan el caso de la residencia de "El Zapillo" (Almería), en la que actualmente son más de 80 los residentes contagiados, con 20 trabajadores de baja por Covid19 ("de los que solo se han sustituido 16") y sin contratación de refuerzo.
En este sentido Carmen Martín Rubiño, responsable del Area de Mayores y Dependencia de Podemos Andalucía, señala que "esta dejadez es intencionada para evidenciar las carencias de los servicios públicos y hacernos creer que solo con una gestión privada las cosas irían mejor".
Así las cosas, la responsable del Area de Mayores y Dependencia de la formación morada recuerda que el abandono y mala gestión de las residencias públicas es un atentado a los derechos de las personas mayores, "no es justo que esa generación que todo lo dio pague con su vida por la avaricia e ineptitud de sus gestores" y concluye diciendo que "desde Podemos Andalucía exigimos que se dote de recursos necesario para que los residentes reciban los mejores cuidados y los profesionales puedan desempeñar sus funciones con seguridad y en condiciones dignas".
Más quejas
Del mismo modo se conoció ayer que la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha ampliado la queja de oficio abierta el pasado mes de marzo ante su "enorme preocupación" por el devenir de las personas mayores que viven en centros residenciales en la comunidad ante los nuevos contagios en El Zapillo y Armilla (Granada).
Así lo ha indicado la institución en un comunicado, en el que señala que "es consciente del desafío" que esta pandemia del Covid-19 está suponiendo para las sociedad y "de los esfuerzos denodados que su mitigación exige", para añadir que, en este sentido, el pasado mes de marzo, durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, el Defensor abrió una queja de oficio ante "su enorme preocupación" por las personas mayores que viven en centros residenciales.
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