Nueve ex cargos del PSOE declaran por presunta malversación en fondos de Empleo

Nueve ex cargos socialistas en la provincia han prestado declaración esta semana en el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería para responder de las acusaciones de la presunta malversación de caudales públicos en el llamado Caso Alpes.

El magistrado Rafael Soriano, en coordinación con la UDEF de la Policía Nacional, investiga el destino de 5,6 millones de euros de ayudas públicas del Servio Andaluz de Empleo  (SAE) a las Unidades Territoriales de Empleo (UTEDLT) entre los años 2010 y 2012.

La Junta de Andalucía creó las ‘antiguas’ UTEDLT como una herramienta de cooperación entre el SAE y los ayuntamientos para fomentar la creación de empleo en el ámbito local. Las ayudas tenían como principal objetivo fortalecer las medidas de búsqueda e inserción laboral en áreas de la provincia con menos recursos.

Sin embargo, las dudas sobre el destino de los fondos, la fiscalización y la política de contratación de los  trabajadores motivó la apertura de diligencias penales por presuntas falsedades y malversación en el año 2015.

En estas diligencias aparecen encartados decenas de alpes (agentes locales de promoción y empleo), que ya prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería. Ahora lo hacen nueve directores de las UTEDLT en la provincia.

Se trata de Esperanza García (Consorcio de Adra), María de los Ángeles Guzmán (Consorcio del Andarax y líder del PSOE de Canjáyar), Juan José Ramírez (Consorcio de Berja y alcalde socialista de Huécija desde 1999), Antonio Gutiérrez (Consorcio de Carboneras y alcalde socialista de Padules), Juan José Rubio (Consorcio del Mármol), Juana María Muñoz (Consorcio de Los Vélez y candidata socialista en Cuevas del Almanzora), Juan José Cano (Consorcio de Huércal-Overa y ex alcalde de Purchena), José Francisco García (Consorcio de Tabernas) y Joaquín Balazote (Consorcio de Vícar y ex alcalde socialista de Cantoria).

Los directores estaban citados para comparecer ante el magistrado Soriano los días 5, 7 y 8 de octubre, según fuentes judiciales consultadas por LA VOZ.

Extinción

Las UTEDLT dejaron de funcionar en el año 2012, aún con el PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía, aunque administrativamente los consorcios no se extinguieron de inmediato. En la provincia de Almería existían diez consorcios gestionados en su mayoría por alcaldes o concejales socialistas, una situación criticada por la oposición en aquellos días. Los directores lideraban unos equipos destinados al fomento del empleo en colaboración con las corporaciones locales, dentro de una política de inserción laboral que era muy apreciada en municipios con poca población y recursos.

En el año 2019, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (PP-Ciudadanos), aprobó la culminación del proceso de extinción de las UTEDLT. “El proceso se ha dilatado excesivamente en el tiempo y el Consejo de Gobierno ha valorado además que se ha realizado de forma desorganizada, con graves carencias de planificación y gestión y con un desmesurado retraso”, anunció el portavoz del Ejecutivo regional, Elías Bendodo.

La Junta advertía entonces la “inexistencia de acuerdos de disolución y de liquidación de los consejos rectores”, algo que incluso motivo otros procesos judiciales.