Por qué la nueva moda del cáñamo industrial puede llevarte a la cárcel

El campo almeriense abona la tierra para la nueva moda del cultivo bajo plástico sin saber, probablemente, que la expectativa de un gran negocio puede acabar con los huesos de muchos agricultores en la cárcel. La producción de cáñamo industrial se ha abierto paso en los invernaderos en los dos últimos años entre tomates, pepinos y otros géneros tradicionales, animada por una cierta confusión normativa y por la oportunidad de hollar nuevas cotas de beneficio económico. Sin embargo, la actividad parece haber desbordado los finos límites legales y las autoridades se unen ahora para poner freno a cultivos de cannabis convertidos en el motor de un delito contra la salud pública.

¿Por qué? El cáñamo es marihuana. Ni más ni menos. Por tanto, está incluido en la lista de sustancias de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, primer gran acuerdo sobre drogas y base de una amplia actividad regulatoria nacional e internacional posterior.

Ahora bien, la fibra del cáñamo es también un recurso valorado para textiles, cordajes e incluso papelería. Por eso, existe una excepción a la prohibición del cultivo de marihuana solo para este fin industrial y siempre que la mata no supere el 0,2 por ciento de THC (índice de tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana).

El problema radica, en esencia, en qué se puede y qué no se puede hacer. “El cáñamo legal se cultiva por su fibra y tiene unos usos muy especiales, se utiliza para cuerdas, en ropa un poco basta e incluso en motores, por su resistencia”, explica un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. “Como la producción busca el margen de beneficio, lo normal sería utilizar plantas macho, que tienen un tallo más grueso y permiten un mayor aprovechamiento de la fibra”, añade en declaraciones a LA VOZ.

La trampa del THC

Sin embargo, muy al contrario, los agentes están hallando con frecuencia cultivos completos de plantas femeninas, con la famosa floración en cogollos. Y aquí está el conflicto. “En el momento en que toquen el cogollo estarán cometiendo un delito contra la salud pública sea cual sea el THC”, asevera la Guardia Civil.

La Fiscalía Antidroga de Almería, que coordina María de los Ángeles Pérez, advirtió la dimensión del problema que se avecina en la provincia e impulsó una reunión con la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía a principios de este año. El objetivo era clarificar las condiciones del cultivo legal de cáñamo y, más aún, prevenir un problema creciente.

“En la provincia de Almería se ha producido un incremento notable de plantaciones de cannabis sátiva en invernaderos bajo el amparo de un supuesto cultivo industrial”, explica la fiscal antidroga. “Hay que dejar claro que el cannabis, independientemente de su contenido en THC, tiene la consideración de estupefaciente y su uso industrial está limitado solo a la producción de fibras o de semillas”, apostilla.

No se trata de una mera declaración de intenciones. Según fuentes policiales, en la provincia de Almería consultadas por LA VOZ se han producido al menos dos operaciones recientes contra el cáñamo industrial, incluso con un ingreso en prisión provisional.

La existencia de un secadero o un envío de cogollos se considera como el indicio de cualquier otro delito contra la salud pública, esto es, como una plantación clandestina de marihuana de las que aparecen desarticuladas con tanta frecuencia a manos de policías nacionales y guardias civiles.

La Junta de Andalucía recogió el guante de la Fiscalía Antidroga. La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, Aránzazu Martín, mantuvo un encuentro con representantes de las organizaciones Asaja, Coag, Coexphal y UPA para llamar la atención sobre el peligro real de plantar cáñamo.

La entrevista se produjo en el convencimiento de que muchos agricultores se han sentido atraídos por esta nueva moda sin tener un conocimiento exhaustivo de los límites de la producción. Un aviso a navegantes, con buenas intenciones.  Y no es una cuestión baladí. Desde diciembre de 2019 se han inscrito en Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa) 159 hectáreas de cáñamo industrial en la provincia de Almería.

Semillas certificadas
Según datos oficiales de la Delegación de Agricultura, las explotaciones se reparten entre invernaderos de Poniente y Levante, “aunque no todas las hectáreas declaradas han estado o están en cultivo”.  También existen proyectos en camino y una importante lista de empresas interesadas en comercializar fertilizantes, semillas y hasta directamente los plantones. Algunas se anuncian en prensa.

En la línea marcada por las fuerzas de seguridad y la propia Fiscalía Antidroga, la Junta de Andalucía recuerda a los agricultores que las semillas que planten “deben estar certificadas y corresponder a las variedades inscritas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea”.

Por tanto, las restricciones son importantes y van mucho más allá de la trampa del THC (las fuerzas de seguridad están revelando en los análisis de las muestras que las plantas ni siquiera no corresponden con las semillas que los agricultores entregan o que el THC es superior al porcentaje).

Por otra lado, los cultivos de cáñamo afloran como las amenazas de seguridad. Los ‘vuelcos’ de plantaciones clandestinas de marihuana son bien conocidos y dejan un puñado de víctimas mortales en la provincia de Almería en los últimos tres años. Ahora este peligro acecha también a los productores de cáñamo.

Como adelantó LA VOZ DE ALMERÍA el pasado martes, la Policía Nacional investiga un tiroteo en Venta Gaspar como la presunta represalia a un intento de robo de cáñamo en el paraje Flor Indálica. Un ciudadano español resultó herido de bala y el Grupo IV de la Policía Judicial arrestó al propietario de un cultivo de 7.000 plantas en una operación desarrollada entre agosto y septiembre.

En su declaración, el detenido afirmó que estaba harto de los asaltos sufridos desde el pasado mes de mayo cuando colocó las primeras matas de cáñamo industrial en el invernadero de un familiar. Los agentes descubrieron un revólver y una escopeta en el registro.

Un mes después, otro agricultor de La Cañada de San Urbano murió tiroteado a manos presuntamente de un grupo de veinteañeros que planeaban apropiarse del cultivo, ubicado en las inmediaciones del cementerio del barrio. La investigación confirmó que las víctimas habían observado movimientos extraños días previos.