Padres reclaman “coherencia” para el transporte escolar en Retamar

Rita García Lozano acompaña a las ocho y media de cada mañana a su hijo Darío, de 10 años, a la parada del autobús escolar, que le dirige al CEIP Torremar de Retamar, donde cursa quinto de Primaria. El autobús parte hacia el centro con más de la mitad de los asientos libres. A continuación, Rita vuelve a casa para llevar en su coche a su otro hijo, Saúl, de cuatro años,  al mismo centro,  donde sigue el segundo curso de Educación Infantil. 

Por muy surrealista y absurdo que parezca, la Consejería de Educación no permite a una veintena de familias que sus hijos puedan utilizar el transporte escolar público en Retamar, pese a que no supondría ningún gasto ni esfuerzo adicional para la Junta, que solo lo autoriza para aquellos escolares que solicitaron la plaza antes de 2019, año en el que decidió suprimir este servicio bajo el argumento de que este barrio es “un núcleo urbano consolidado” e incumplía la normativa.

Educación expone que este servicio no debe ofrecerse en Retamar porque el transporte escolar se organiza de acuerdo al Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula su prestación gratuita, y que establece que está destinado para escolares  “que estén obligados a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, o que resida en núcleos dispersos de población o en edificaciones diseminadas”. 

Sin embargo, la Consejería ha mantenido el servicio para los escolares que ya eran usuarios del mismo en 2019, al considerar que tenían un derecho adquirido. 

“Podemos entender los motivos para eliminar el servicio, pero lo que no comprendemos de ninguna manera es que si tiene que seguir manteniéndose para un grupo de niños, y si los autobuses no van llenos, se impida que otras familias y otros escolares, en muchos casos hermanos de los  usuarios, puedan beneficiarse de él”, proclama Rita. Ella, como han hecho otros padres, ha decidido no llevar juntos a sus hijos en el coche al colegio para que el mayor no pierda el derecho al servicio y en tanto en cuanto continúa luchando para que el pequeño también pueda usar el bus escolar. Otros padres en la misma situación han decidido llevar a sus hijos juntos y han perdido la plaza.

Los padres afectados, alrededor de una veintena, han presentado quejas ante la Delegación de Educación, que solo ha respondido recientemente convocándoles a una reunión, después de que el asunto haya llegado al Parlamento andaluz, donde la diputada socialista Noemí Cruz reclamó al consejero Javier Imbroda “coherencia, empatía y sensibilidad”, además de una solución urgente a esta situación, que a su entender no tiene ningún sentido.

“Obcecación”

Es más, algunos padres están convencidos de que este sinsentido solo parece demostrar “la obcecación de la Delegación provincial por fastidiar a las familias, porque lo único que les cuesta es voluntad de hacerlo y de facilitar la vida a las familias”, dice Rita García.

En algunos casos, el no poder usar este servicio no solo supone molestias personales para los padres, sino también problemas de horarios en sus trabajos. Es el caso Mercedes Suárez, quien tiene a dos hijos que van en autobús al colegio y otro pequeño al que tiene que llevar ella en coche.

Suárez llegó a presentar una reclamación ante la Consejería de Educación. “El asunto llegó a Sevilla directamente, desde donde me enviaron un escrito en el que me autorizaban a llevar a mi hijo en el autobús escolar  de forma extraordinaria por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral”.

Con este documento en su mano, Mercedes subió a su pequeño en el bus escolar y viajó por primera vez con sus dos hermanos hasta el colegio. Sin embargo, a media mañana recibió una llamada desde el centro diciéndole que no lo volviese a llevar porque no estaba autorizado”. Ese mismo día, tuvo que recoger a su pequeño en el coche.