Óscar Liria, ex vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería hasta la tarde del martes, prestará declaración ante el Juzgado de Instrucción número Ocho de Barcelona acusado del presunto cobro de mordidas por la concesión irregular de un contrato de suministro de mascarillas de dos millones de euros. La declaración de Liria será de forma presencial.
Liria pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería tras ser detenido la mañana del martes en agentes de la UCO. El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Huércal-Overa auxiliaron al instructor de Barcelona en los registros efectuados en una sede de la Diputación Provincial de Almería y en un domicilio del presunto dirigente corrupto.
La operación tiene múltiples ramificaciones y estudia el mercadeo con productos sanitarios de extrema necesidad durante los meses más duros de la pandemia. La UCO centró su mirada en una trama asentada en Cataluña, que servía de enlance entre proveedores y clientes.
Durante las pesquisas, la UCO, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Grupo Anticorrupción de Europol, halló indicios del presunto pago de una comisión irregular a Liria.
"Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el COVID-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público", señaló la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado.
El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, reaccionó para desvincularse completamente de los hechos. A media tarde, el líder del PP en la provincia comunicó el cese del vicepresidente tercero.
Óscar Liria ya ha designado abogado, el conocido penalista almeriense Francisco Torres que se ocupará de su defensa. Aún no han trascendido los delitos que se le imputan. Pasará a disposición del Juzgado de Instrucción número Ocho de Barcelona. Queda pendiente saber si lo hará desde Almería por videoconferencia o, como apuntan algunas fuentes, será trasladado a Cataluña para comparecer personalmente ante la magistrada María de los Ángeles Fernández, titular del órgano judicial. La Guardia Civil tiene un plazo de 72 horas para su puesta a disposición.
La UCO de la Guardia Civil ha realizado en total 11 detenciones en Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca, puntos donde se están bloqueando e interviniendo diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles.
“La investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas”, según indica la Dirección General de la Guardia Civil.
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