Caso mascarillas: detienen a un hijo del alcalde de Fines

El caso mascarillas, las supuestas irregularidades derivadas de la compra de material higiénico-sanitario al principio de la pandemia del Covid-19, en la Diputación que investigan desde la Guardia Civil, añade en la tarde de este miércoles un nuevo capítulo. Uno de los hijos del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), estaría también detenido dentro de la Operación Lúa, según avanzan fuentes no oficiales.

Las mismas fuentes han precisado que el hijo del regidor de Fines estaría siendo trasladado a la ciudad de Barcelona para declarar mañana ante la titular del juzgado que instruye la causa.

Lo mismo ocurre con el hasta ayer vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería y responsable de las áreas de Fomento, Medio Ambiente y Agua, Óscar Liria, que tras pasar la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, en la capital almeriense, pasaría a disposición de la autoridad judicial en la mañana de este jueves, 17 de junio.

La defensa de Óscar Liria la ha asumido el conocido penalista almeriense Francisco Torres, que por el momento ha declinado apuntar información sobre el caso que se investiga y con el que se relaciona a su patrocinado.

Desde el punto de vista político, Liria Sánchez fue destituido de todas sus funciones en la tarde de este martes por el presidente de la Diputación Provincial, Javier A. García, según trasladó la institución en un comunicado de prensa. La oposición de PSOE, Ciudadanos y Vox ha reclamado más explicaciones.

Hay que recordar que la Operación Lúa, desplegada durante los días 15 y 16 de junio por agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO, acumula ya un total de 11 detenciones en cinco provincias españolas, entre ellas Almería, así como diferentes registros. Palma de Mallorca, Girona y Barcelona son algunas de las provincias citadas por la Benemérita en esta investigación.

En la información trasladada a los medios de comunicación se alude a una compra de mascarillas en la primavera de 2020, cuantificada en unos dos millones de euros. La UCO sostiene que podría haber habido "comisión a un cargo público", aunque sin dar más detalles al respecto.