El Constitucional ampara a una familia que perdió su casa, adjudicada a un banco

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ampara a una familia afectada por un proceso de ejecución hipotecaria entre los años 2012 y 2015. La vivienda acabó en manos de BuildingCenter SAU, una sociedad de gestión de inmuebles vinculadas al grupo Caixabank.

El TC estima el recurso de amparo y ordena la devolución del proceso a la provincia de Almería. El Juzgado de Primera Instancia número Tres de Almería deberá reabrir la causa y dictar una nueva resolución atendiendo a la nueva jurisprudencia europea sobre cláusulas abusivas en contratos hipotecarios.

Caixabank solicitó la ejecución hipotecaria sobre la propiedad de F. G. y J. R. y el juzgado dictó un auto el 4 de abril de 2012 para cursar el trámite y el 14 de enero de 2015 se llevó a cabo la subasta del inmueble. La entidad se quedó finalmente con la propiedad y la cedió a BuildingCenter SAU.

Sin embargo, el mundo hipotecario sufrió un auténtico vuelco a partir del año 2013. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró nulas las llamadas cláusulas suelo, que impedían a los usuarios y consumidores abaratar el coste de sus hipotecas. Eran los momentos más duros de la crisis económica tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la caída de los tipos de interés debía abaratar los precios. Las cláusulas suelo lo evitaban y el TJUE consideró que se estaban vulnerando derechos.

Esta situación generó una avalancha de pleitos. Los ciudadanos acudieron a reclamar la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por los bancos, con efecto retroactivo. En este caso, la familia reclamó esta vía en el año 2017, casi cinco años después del inicio del expediente y dos años después de la subasta. Ahora bien, la clave está en que el juzgado debía revisar de oficio las cláusulas abusivas y no lo hizo.

"Sobre el órgano judicial recae la obligación de llevar a cabo un efectivo control del posible abuso de las cláusulas contractuales de los contratos celebrados con los consumidores, en los términos establecidos en la doctrina constitucional referida", asevera el TC.

Los afectados acudieron al Tribunal Constitucional para pedir la nulidad del proceso. Aunque el asunto es técnicamente complejo, de manera simplicada, la Fiscalía consideró que había que admitir el recurso de amparo "reconociendo que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva" y "acordando que se retrotraigan las actuaciones" para que el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Almería dicte una nueva resolución "respetuosa con el derecho fundamental vulnerado".  Así lo estima el TC.

Esfuerzo

El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha hace cuatro años un plan especial para atender la oleada de procedimientos por cláusulas abusivas. En Almería el trabajo ha sido enorme con más de 7.300 sentencias en procesos por cláusulas suelo, gastos de formalización, IRPH o préstamos multidivisa, según señaló el juez decano David Villagrá.

Jueces, letrados y funcionarios se han tenido que multiplicar para atender miles de pleitos avalados por la jurisprudencia europea. Las estadísticas reflejan más de 12.000 asuntos ingresados en total en Almería por litigios en los que las entidades bancarias no alcanzaron acuerdos con los clientes.