El último acusado y el problema que retrasa los recursos del Caso Poniente

Tres meses después de la publicación de la sentencia del denominado Caso Poniente, el proceso choca con un nuevo escollo burocrático. La Audiencia Provincial de Almería lleva semanas intentando comunicar sin éxito la resolución a un último acusado y la imposibilidad de cumplir con el trámite legal retrasa la presentación de los recursos de casación de las partes.

La sentencia de los magistrados Társila Martínez, Jesús Martínez Abad e Ignacio Angulo se firmó el 30 de marzo de 2023 tras un año y medio de espera después de la finalización del juicio oral.

Conscientes de la dimensión del caso y la complejidad de la resolución, los jueces ofrecieron un plazo extraordinario de un mes para la formalización de los recursos de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sin embargo, el reloj no comenzaría a contar hasta que todos los acusados fueran personalmente notificados (no vale la comunicación telemática a sus letrados).

Y el asunto se ha complicado más de lo esperado. Solo falta un acusado por recibir la sentencia y esto ha bloqueado el trámite nuevamente. Fuentes judiciales consultadas por LA VOZ apuntan a que se ha contactado con autoridades policiales para tomar medidas y evitar que el proceso se dilate aún más.

Mientras, la Audiencia Provincial de Almería ha resuelto las aclaraciones solicitadas por algunas de las partes personadas en el Caso Poniente, cuya principal duda era la posibilidad de recurrir primero en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta fórmula ha sido desechada, puesto que el caso es anterior a la reforma legal de 2015.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería condena a Juan Enciso a 5 años y 3 meses de prisión y 13 años de inhabilitación por malversación de caudales públicos en el municipio donde gobernó durante dos décadas. Enciso metió la mano en los bolsillos de sus vecinos.

El tribunal impone también penas de prisión a los principales empresarios relacionados con la trama de la sociedad mixta de servicios Elsur. El primero es José Alemán (7 años y medio de prisión), ex interventor municipal de El Ejido y considerado por la investigación como enlace entre el Ayuntamiento de El Ejido y las subcontratas.

Junto a Alemán, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería condena a los empresarios José Amate (5 años de prisión), Jesús Aragón (3 años y 2 meses de prisión), Ambrosio Cuevas (3 años y 2 meses de prisión), Juan Antonio Galán (4 años y 9 meses de prisión) e Isabel Carrasco (3 años y 8 meses de prisión), esposa del interventor municipal.

El Tribunal Supremo tiene por delante mucho trabajo. Las defensas discuten las penas de prisión y, más aún, la valoración económica de las responsabilidades civiles. No en vano, durante todo el proceso han criticado duramente la fiabilidad de las peritaciones de la Agencia Tributaria.

Y, por otra parte, las acusaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía discutirán penas que distan mucho de la solicitadas en sus escritos de calificación. Incluso el tribunal valora el desfalco en 58,8 millones de euros, algo por debajo de los 71 millones inicialmente calculados en los escritos de acusación.