Aduanas incrimina a Rifá: lideraba las empresas y daba instrucciones

El juicio contra el empresario catalán Miguel Rifá y sus supuestos testaferros acogió este miércoles las últimas declaraciones de los acusados y la comparecencia de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) involucrados en la investigación.

Los acusados insistieron en una versión conjunta, prácticamente calcada. A saber, las operaciones empresariales se realizaron como parte de una estrategia para recapitalizar el grupo a través de la captación de nuevos inversores o, incluso, compradores.

El relato contradice la posición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que creen que Rifá intentó un vaciamiento patrimonial para no responder a deudas cuantificadas en 2012 en 130 millones de euros.

“La idea era aportar una serie de inmuebles para ser ofrecidos para la ejecución de entidades bancarias”, señaló como ejemplo el acusado J. G. En su declaración negó actividades irregulares y respaldó la necesidad de cambios antes “la situación económica caótica desde el punto de vista económico” que sufría el grupo de Rifá, propietario del Gran Hotel.

Escuchas y registros

El acusado L., de origen portugués, ahondó en esta versión y explicó que el traspaso de activos a sociedades afincadas en Lisboa (el escrito de acusación habla de tres en particular) era parte de esa búsqueda de inversiones. Nada irregular, según se defendió.

En contra tienen los informes presentados por la Agencia Tributaria, que se dividen esencialmente en los análisis de la Inspección y las investigaciones desarrolladas por Vigilancia Aduanera (se incorporaron también miembros de la Guardia Civil). El jefe de Aduanas en el periodo investigado (2008-2012) ratificó ayer a preguntas de la fiscal Elena Fernández Lora que Rifá ejercía el liderazgo del grupo de empresas, a pesar de haberlas transferido. Es decir, insiste en considerar a los administradores como testaferros de un mando común, el empresario catalán de 80 años.

Preguntado sobre las “25 sociedades” domiciliadas en Madrid en una residencia vinculada a Israel Martínez, según la fiscal, el testigo señaló que “no tenían actividad comercial” en esa ciudad y eran “gestionadas desde Almería”. “Comprobamos por las vigilancias que Rifá e Israel Martínez se reunían y que Rifá le daba instrucciones y le convocaba a reuniones”.

Por su parte, las defensas cargaron contra los informes de la Agencia Tributaria y, de forma particular, en la línea de las cuestiones previas planteadas la pasada semana, sobre la legalidad de las escuchas telefónicas y los registros. Consideran que son ilegales y su nulidad supondría un fuerte varapalo para las acusaciones, ya que se obtuvieron conversaciones entre los acusados y documentos de las relaciones entre las sociedades sospechosas de fraude.