Durante la mañana de ayer la Audiencia Provincial de Almería acogió el juicio de J.J.G y M.P.S, quienes están siendo juzgados por un delito de estafa y de falsificación documental.
De acuerdo con los hechos juzgados, la empresa Petrovélez de Vélez Rubio, de la que M.P.S. fuera administradora, tendría una deuda de 138.000 euros desde 2016 con la compañía energética ‘Saras Energia’. El pasivo adquirido con esta empresa de distribución de combustible, se habría producido por la expedición de un presunto aval bancario irregular emitido a Petrovélez por J.J.G, cuando este ostentaba un cargo de responsabilidad en una sucursal de una entidad bancaria situada en la localidad velezana.
El proceso comenzó con la declaración de J.J.G. quien reconoció haber concedido avales a M.P.S. para su empresa Petrovélez. El Ministerio Fiscal quiso saber si dentro de esas garantías se encontraba el aval para las operaciones con ‘Saras Energia’ y si contaba con el permiso de la entidad para firmarlo. J.J.G. afirmó que procedió a la expedición del documento sin la autorización pertinente. “Intenté hacer un favor, como nos conocíamos se entendía que se iba a devolver pronto, pero las cosas se complicaron”, narraría el acusado.
La Fiscal quiso saber si las cosas se estaban llevando con normalidad por qué las cosas no se estaban haciendo a través del banco, mediante un registro.
De acuerdo con la declaración de M.P.S., la acusada desconocía la existencia del aval relativo a ‘Saras Energia’ que firmó J.J.G. hasta la realización de este proceso judicial. Asimismo, la mujer alegaba no tener capacidad para discernir si un aval es lícito o no. “Yo si veo la firma de un director de banco, lo doy por bueno”. La defensa se interesó si en el impasse en el que el exmarido de M.P.S. ostentó el cargo de adiestrador en detrimento de la acusada este solicitó “un aval falso”. La mujer respondió afirmativamente y negó haber pedido a J.J.G. que emitiera un aval fraudulento.
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