Soterramiento: doce familias vulnerables siguen esperando una respuesta de ADIF

Tras el desmantelamiento de la pasarela peatonal el pasado mes de diciembre y el puente de Los Molinos en enero, las obras del soterramiento siguen su curso de cara a que todo esté preparado para que el AVE llegue a la ciudad de Almería, algo que está previsto para 2026. Las máquinas siguen trabajando junto a la antigua estación y otra de las actuaciones que contempla este gran proyecto, que ya empieza a transformar la ciudad, es la demolición de las viviendas de la calle Ferrobús, donde todavía una docena de familias vulnerables siguen viviendo en estas viejas casas, construidas en 1957, esperando una respuesta de Adif.

Pese a que todos los propietarios, tras la expropiación forzosa, debían entregar las llaves el pasado 15 de enero a esta entidad pública empresarial que administra las infraestructuras ferroviarias en España, alrededor de 40 personas resisten aún casi un mes después en estas casas en las que la mayoría de ellas están en régimen de alquiler. Estos arrendatarios han remitido escritos a Adif con la esperanza de que puedan llegar a un acuerdo que les permita recibir una indemnización razonable, puesto que hasta la fecha han estado pagando unos 300 euros de alquiler y encontrar un nuevo hogar por esa cifra mensual, tal y como está el mercado, es prácticamente imposible. 

Desde LexIberia Abogados, despacho que está asesorando a estas familias, confirman a LA VOZ que por el momento no han recibido una contestación "ni oficialmente, ni extraoficialmente" de Adif. Aseguran que tampoco la han tenido por parte del Ayuntamiento de Almería, administración que "debería facilitar a estas familias vulnerables el acceso a una vivienda social". Pero a día de hoy, con una cada vez más inminente demolición, las respuestas brillan por su ausencia y los vecinos que resisten en calle Ferrobús continúan en un estado de incertidumbre total. "Queremos irnos, pero no podemos", aseguraba uno de los arrendatarios a este periódico. 

Y es que estas familias son conscientes de que, con los bajos ingresos con los que mantienen sus hogares la mayoría de ellas, van a tener muy complicado optar a otros alquileres similares al que han estado haciendo frente en calle Ferrobús. Para colmo, como detallan desde LexIberia, "con la nueva ley si una familia con hijos no puede pagar el alquiler es muy complicado que un propietario pueda echarla, por lo que los dueños de las viviendas tienen miedo a alquilar, por ejemplo, a una joven divorciada con tres hijos que tiene un sueldo bajo".

Entre los afectados por esta problemática de la expropiación, quedan nueve familias en alquiler, un propietario que aún no está conforme con la indemnización y también una familia de ocupas, junto con otra cuya situación "se desconoce". En total son una docena de viviendas que todavía siguen siendo el hogar de mayores y niños, de vecinos con nombres y apellidos, de diferentes nacionalidades pero con circunstancias similares en lo que se refiere a las pocas posibilidades que tienen para poder irse a vivir bajo otro techo.

Desde las ventanas de estas viejas casas que dieron cobijo antiguamente a trabajadores de la RENFE, donde la ropa tendida cada mañana evidencia que en su interior aún hay vida a pesar de su anunciada desaparición, estos vecinos observan cómo las máquinas que lo destruyen todo para allanar el camino a la Alta Velocidad se escuchan cada vez más cerca, sin saber dónde irán cuando los muros de estos inmuebles se conviertan en escombros.