Ana Julia, aislada por la presunta grabación de un documental desde la cárcel

Desde que Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, denunciara públicamente en una rueda de prensa el pasado sábado en la capital almeriense que tenía constancia de que Ana Julia Quezada, asesina de su hijo, estaba participando desde la cárcel en la grabación de un documental sobre la muerte del menor, las reacciones por parte del centro penitenciario de Brieva (Ávila) no se hicieron esperar. Esa misma tarde varios funcionarios accedieron a la celda de la reclusa en busca de un teléfono móvil desde el que supuestamente está facilitando información para la citada producción de la que, además, se estaría lucrando.

Así lo adelantaba este miércoles 'El País', detallando que Ana Julia, que fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018, fue también cacheada por los trabajadores de la prisión y posteriormente trasladada, de forma preventiva, a un módulo de aislamiento. La madre del pequeño asegura tener "fuentes directas" de la realización del documental, que presuntamente estaría promovido por Esteban Hernández, quien fuese abogado de oficio de la asesina, pero según fuentes de Brieva no se habría encontrado nada en su celda, pero aún así se tomó la decisión de aislarla por precaución y ante el revuelo mediático creado, lo que podría generar algún conflicto en la prisión.

En su comparecencia, Patricia Ramírez culpaba al Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por no impedir supuestamente esas grabaciones de las que ella misma habría informado al secretario de Estado, Rafael Ruiz, y al secretario general, Ángel Luis Ortiz. Ambas entidades han remitido hoy un comunicado en relación a las palabras de la madre de Gabriel. “El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha recibido a Patricia Ramírez y ha escuchado sus peticiones, actuando desde el primer momento y en el marco de sus competencias en la investigación de cualquier posible irregularidad en el ámbito penitenciario”, señalaron.

Según la comparecencia de Ramírez, que exige que se pare el rodaje y su posible emisión, Ana Julia habría realizado esas grabaciones en contra de la familia del menor, “menoscabando su imagen y su memoria, haciéndonos aún más daño si cabe y obligándonos a exponernos públicamente de nuevo para detenerlo”. Además, focalizaba la responsabilidad también en los funcionarios de prisiones, quienes habrían facilitado el acceso de un celular para la reclusa dentro de la cárcel.

Desde Instituciones Penitenciaras y el Ministerio del Interior explican que para realizar entrevistas en prisión existe un protocolo que, en este caso, si verdaderamente han tenido lugar dichas grabaciones con Ana Julia Quezada, no se habría seguido. La madre de Gabriel afirmaba que diferentes autoridades competentes le aseguraron que no se le había concedido ningún permiso a la asesina para grabar en la cárcel, pero insistía en que sí que se habrían producido y recalcaba ante los medios de comunicación que "se están cometiendo irregularidades en las prisiones".