El incremento de la tasa de agua potable aprobada hace menos de un mes y en tramitación va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas que va a perseguir la gestión municipal durante todo este año. Así, de la sesión plenaria realizada este miércoles, dos de los puntos se referían a este cambio en las tarifas.
La primera de ellas, y la que implica una reflexión más profunda sobre la materia, es la presentada por Podemos-IU-Verdes invitando a la realización de un estudio que determine las posibilidades para remunicipalizar el servicio de gestión del agua en la ciudad. Y es que tiene claro Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-Verdes, que “el agua tiene que ser de la ciudadanía y no de cuatro empresarios sedientos de dinero” por ello apuesta por hacer un estudio para decidir si la mejor opción es la gestión directa o una empresa pública.
Acuerdo
A pesar de que Vox votaría contra la propuesta, sí que criticó duramente tanto la gestión de Aqualia como el “oscurantismo” con el que funciona el servicio.
Sí que respaldaron la moción desde el Grupo Socialista desde el que ven el final de la concesión administrativa, en el año 2032, como una oportunidad para estudiar la mejor forma de gestionar el agua: “lo más responsable es hacer un informe técnico para ver el modelo más adecuado para nuestra ciudad, ver lo más beneficioso”, afirmó la concejal socialista Fátima Herrera.
Para el concejal de Agua y Zonas Verdes, Juan José Segura, rescatar el servicio es imposible por los altos costes que puede suponer de indemnización para la empresa concesionaria. En cuanto a remunicipalizarlo a futuro, considera que los gastos serían inasumibles. “Si se asume, hay que aumentar el capítulo 1 de personal. ¿Cómo ahorra el Ayuntamiento? Además, con gestión directa el IVA no se puede desgravar, hay que subirle el 21% en todo”.
En cuanto a no aplicar los gastos de la gestión de lodos y tarifas sociales a las tasas solicitada por el PSOE, Segura asegura que no se puede hacer, que es parte del servicio.
Además, tampoco se aprobó el contar con una tasa diferente en caso de que se produzca una avería sin conocimiento del propietario como también contemplaba la moción del Grupo Municipal Socialista.
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