La Junta prohíbe usar cigarrillos electrónicos en sus centros

El uso de cigarrillos electrónicos no está permitido desde principios de este año en centros sanitarios, sociales y educativos dependientes de la Junta de Andalucía. Asimismo, tampoco se puede utilizar este dispositivo en ningún centro donde se desarrolle actividad con menores. Así lo anunció la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la rueda de prensa en la que también ofreció datos sobre la situación epidemiológica de este problema de salud así como un balance de las actuaciones desarrolladas a través del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía (PITA) y de inspecciones en materia de tabaco.

Regulación

La consejera recordó que se querido establecer un control sobre el uso de este producto hasta tanto se produzca una regulación de ámbito estatal, cuestión que se acordó en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Para ello, desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se han remitido instrucciones a los distintos centros de su ámbito de competencia, no permitiendo el uso de este dispositivo en ningún centro dependiente de la Consejería.

Además, a los centros sanitarios y sociales que no son de titularidad de la Junta de Andalucía también se les ha enviado una recomendación para incorporar esta instrucción a las normas de funcionamiento de sus respectivas instalaciones.

En los centros donde se desarrolla atención con menores, el uso de este dispositivo electrónico tampoco se permite, en cumplimiento del art. 3 de la Ley 28 de Medidas Sanitarias ante el Tabaquismo y Reguladora de la Venta, Suministro, el consumo y la publicidad del producto del tabaco.

Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha enviado instrucciones en la misma línea a los centros educativos, en ninguno de los cuales se permite el cigarrillo electrónico al tratarse de instalaciones en las que hay menores.

Sánchez Rubio también se ha referido al estudio que se está realizando de manera compartida - entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - para determinar la seguridad para la salud del contenido de los dispositivos electrónicos vaporizadores.

Así, este estudio pretende comprobar, entre otras cosas, la existencia de posibles sustancias no declaradas y su impacto sobre la salud de las personas.

La consejera concretó que la próxima semana comienza la fase de toma de muestras, que se realizará en establecimientos donde se venden estos productos: estancos, centros comerciales, tiendas especializadas, stands, comercios mayoristas y minoristas.