El juez amplía a 45 las personas relacionadas con el Caso Facturas

El magistrado Luis Durbán ahonda en su investigación sobre la presunta malversación de caudales públicos en el Patronato Provincial de Turismo (Diputación), conocida como Caso Facturas. El titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería eleva la nómina de imputados a 19 personas y vincula a 26 testigos a delitos ya prescritos.

El auto cita “últimos informes” remitidos por la Policía Judicial sobre “la existencia de nuevos hechos con apariencia delictiva estrechamente relacionados con los investigados”, es decir, con una supuesta malversación en 105 facturas falsas del Patronato fechadas entre 2009 y 2011.

Tras conocer estos informes, Durbán cita como imputados a 10 personas más y amplía las acusaciones a los 9 ya conocidos, entre ellos a Luis Pérez Montoya, exvicepresidente de la Diputación, y a Francisco Iglesias, exgerente del Patronato.

Los nuevos imputados son  María Martínez (administradora de Viajes Viconos), Fernando Alonso (administrador de Grupo J126), Augusto Hernández (administrador de Sportur Agencia de Viajes Vertical), Dolores Hernández y Bernardo Hernández (administradores de Viajes Bernardo), Rafael Ruiz  y Javier Ruiz (administrador de Tecnología y Comunicaciones Móviles), Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y Teresa María Rojas. Prestarán declaración con las garantías legales de la imputación.

Según el auto judicial, las empresas están relacionadas a “una facturación aparentemente irregular de bienes y servicios al Patronato Provincial de Turismo” por importes superiores a 4.000 euros “en todos los casos”.
Mientras, Juan Antonio Bisbal, José Andrés Soler y Teresa María Rojas están acusados de malversación por “disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo con importes superiores a 4.000 euros sin justificación aparente alguna”.

Prescritos

Estos son los señalados por la instrucción judicial hasta el momento, pero el Caso Facturas va más allá. El instructor llama a declarar a 41 personas como testigos, la mayoría representantes políticos socialistas en la Diputación Provincial de Almería, técnicos o trabajadores de la institución. Entre los citados están el expresidente Juan Carlos Usero, el exgerente Antonio Cantón y la diputada Caridad Herrerías.

Ahora bien, el magistrado da una vuelta de tuerca y asegura que existen indicios de malversación de caudales públicos en 26 de los testigos, a los que no imputa porque se tratarían de importes inferiores a los 4.000 euros y, por tanto, ya habrían prescrito. Eso sí, no aclara a quiénes incluye en este apartado.

El límite legal

La prescripción de los supuestos de malversación de caudales públicos inferiores a los 4.000 euros deja fuera de instrucción del Caso Facturas decenas de indicios hallados por la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y el Grupo VI de la Comisaría de Almería.

Los informes policiales se entregaron a principios de año en el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería y motivaron el auto comunicado a las partes entre el lunes y el martes. En ese documento el magistrado Luis Durbán señala “a 26 personas que podrían haber disfrutado de bienes y servicios con cargo al Patronato de Turismo sin justificación aparente alguna, incurriendo en un posible delito de malversación de caudales públicos”.

Sin embargo, el auto aclar