“Lo único que queremos es una casa porque yo, por ejemplo, llevo viviendo en ella desde 2004 cuando se la compré a unos españoles, con su escritura, estamos pagando dinero y queremos una solución”. Con estas palabras definía un padre de familia, que aseguró que es propietario de una de las viviendas, afectado por el caso de las ‘casas de los maestros’ situadas en la Avenida Vilches.
Ayer se concentraron en la Plaza Vieja alrededor de 15 familias afectadas por la decisión del Ayuntamiento de Almería, en agosto de 2012, de desalojar los 22 inmuebles de titularidad municipal situados en la avenida anteriormente citada. Bajo gritos de “mi casa es mía, no es una utopía”, una treintena de vecinos del barrio de la Plaza de Toros reclamaron al Ayuntamiento una vivienda en la que poder vivir. “Se debe de buscar una solución alternativa y no dejar en la calle a estas familias con sus hijos y menos con la situación de crisis que estamos pasando”, explicaba una de las vecinas.
Precedentes
El problema de la ‘casa de los maestros’ lleva en liza desde 1998, fecha en la que data el primer intento de desalojo de los ‘okupas’ que allí residen. Según fuentes municipales, es en agosto de 2012 cuando se aprueba en pleno el desalojo de 22 inmuebles de titularidad municipal después de que los técnicos concluyeran en un informe que las viviendas no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad y que conllevaban un alto riesgo de desprendimiento y caída de elementos externos de las casas.
Así, después de muchos meses dialogando con las familias que allí viven, las mismas fuentes han afirmado a este periódico que la empresa que levantará dos bloques de viviendas que, inicialmente, estaba previsto que fueran dedicadas a alquiler por parte de la empresa municipal Almería XXI, se ha llegado a un acuerdo económico con algunas familias para que abandonasen las viviendas.
Así, en el pleno celebrado el pasado 31 de marzo, se aprobó la propuesta de desalojo de estas viviendas, que ya ha sido solicitada al juzgado. Por otra parte, desde el ayuntamiento afirman que siguen dispuestos a negociar con las familias que aún viven allí.
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