El último informe presentado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recoge la queja de una mujer almeriense que tuvo numerosas complicaciones en su proceso de embarazo y que, fruto de las “ineficiencias advertidas en el proceso asistencial que determinó el diagnóstico de una grave malformación en el feto” tomó la decisión de abortar y no pudo hacerlo por adentrarse en las 22 semanas de embarazo.
Según explica el informe del Defensor, a las 12 semanas de gestación detectaron la malformación fetal que luego otra prueba desmintió una semana después. En la Bola Azul, en la consulta de diagnóstico prenatal, cuando ya estaba embarazada de 16 semanas, el facultativo que la atendió “intuyó que algo fallaba en el corazón del feto”, de forma que la derivó a la consulta de cardiología pediátrica del Hospital Carlos Haya de Málaga.
Casi un mes después, en la consulta de diagnóstico prenatal a las 20 semanas, la facultativa “sospechó la presencia” de una malformación en el feto, aunque informó a la afectada de que el corazón presentaba estructuras normales.
La consulta de cardiología pediátrica en Málaga tuvo lugar 40 días después de que en la Bola Azul la derivaran al Carlos Haya, cuando ella estaba ya de 27 semanas y a raíz de esa consulta se determinó que “el feto presentaba una cardiopatía compleja y severa, problema que al parecer no es tributario de cirugía correctora, sino solamente paliativa, y con escaso resultado, por lo que la interesada tomó la dura decisión de abortar”.
Evitar los problemas La mujer lo que denunció ante la Oficina del Defensor es que en la consulta de diagnóstico prenatal a la que acudió cuando estaba de 20 semanas “pudo y debió comprobarse” que el corazón del feto no presentaba una estructura normal y debieron informarla de la situación, lo que le hubiera evitado “todos los trámites y problemas que surgieron con posterioridad, cuando se tuvo que llevar a cabo el aborto más allá del límite legal de las 22 semanas”, refiere el informe. Una vez adoptada la decisión, la interesada fue remitida a una clínica de Sevilla para que se procediera al aborto, pero como había superado ya el límite legal tuvo que esperar a que se pronunciara un comité clínico. Este comité emitió finalmente dictamen favorable y se procedió a la “expulsión fetal” en Almería.
Todos los retrasos finalmente la llevaron a vivir “experiencias muy desagradables, que cifra en el alumbramiento de una niña fallecida, a la que tuvo que dar de alta en el Registro Civil, lo que prolongó la agonía e hizo el trance más duro”.
Desde la Oficina del Defensor se solicitó informe de los dos hospitales que participaron en el proceso asistencial, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas, centro de referencia de Almería, y el Carlos Haya de Málaga, donde se realizó el ecocardiograma fetal.
En este último hospital, “en el servicio de cita previa se produjo algún error, probablemente porque se confundió la petición de ecocardiograma fetal, con una consulta de cardiología pediátrica, por lo que la cita inicial que le dieron era incluso para tres meses después. El error se subsanó a medias, pues la volvieron a citar, en esta ocasión cuando ya la paciente estaba de 21 semanas. La interesada planteaba sobre el conjunto del proceso que la labor del facultativo que la asistió a las 20 semanas no fue la adecuada, pues el diagnóstico podrí
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