El juez Ruz ha ordenado la puesta en libertad de siete marineros sirios interceptados por Vigilancia Aduanera en el buque Aseel en el Mar de Alborán. El mercante fue localizado con 16.000 kilos de hachís ocultos entre sacos de pienso. El barco de bandera tanzana permanece anclado en el Puerto de Almería.
Se trata de la tercera tripulación de narcotraficantes excarcelada en Almería por la Audiencia Nacional por efecto de la limitación de la justicia universal. La reforma de la justicia universal se materializó en el Parlamento con los únicos votos del Partido Popular en el mes de febrero y fue publicada en el BOE a mediados de marzo. Su objetivo era frenar las investigaciones de la Audiencia Nacional de atentados a los derechos humanos en China, Estados Unidos o países latinoamericanos. Se trataba de evitar conflictos diplomáticos por las indagaciones judiciales en asuntos como el genocidio en el Tíbet o la muerte de José Couso a manos de militares estadounideses en Irak.
Sin embargo, el recorte a la jurisdicción española, rechazada de plano por todos los grupos políticos y por asociaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, ha abierto un grave conflicto de competencias. Según afirmó el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez en una ponencia en Almería, “afecta a la persecución de terrorismo, genocidio y crímenes de lesa humanidad”. Y también al narcotráfico.
El problema de las embarcaciones capturadas por Vigilancia Aduanera en aguas del Mar de Alborán, donde España apenas tiene 12 millas de jurisdicción (hasta Marruecos a más de 100 millas náutucas), es que la mercancía se cargó en otro país, está destinada al Mediterráneo Oriental y la tripulación es extranjera. Por tanto, según la interpretación de los jueces Bermúdez y Andreu, España carece de jurisdicción para sentar en el banquillo a los marineros-narcotraficantes.
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