Crece la demanda de turno de oficio para eludir el pago de las tasas

La polémica Ley de Tasas Judiciales provoca un juego de reacciones encadenadas en el sistema de asistencia jurídica gratuita. La reforma aumenta la recaudación económica, pero el Estado no reinvierte esos fondos en el turno de oficio, muy fatigado por el aumento progresivo de los demandantes y las dificultades para su financiación.
La situación genera una fuerte oposición de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, administración encargada de costear este servicio básico, e incorpora el malestar de los operadores jurídicos  por las consecuencias derivadas en su ejercicio profesional.
Entre ellos, el Colegio de Abogados de Almería advierte de un fenómeno detectado en los últimos meses. Esto es, existe un aumento del número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita provocado por el pago tasas judiciales o, más exactamente, por el deseo de no pagarlas.

El sistema El conflicto es algo complejo, pero está vinculado a las exenciones recogidas en la reforma legal. La ley libera del pago  a los ciudadanos inmersos en procesos penales (delitos) y carga todo el peso en los civiles (familia, contenciosos contra las administraciones, laboral). Sin embargo, aquellos ciudadanos sin recursos suficientes para costearse su defensa jurídica, podrá acogerse al turno de oficio y tampoco pagarán tasas.
El límite para optar a la asistencia jurídica es de 15.975,33 euros para unidades familiares con tres miembros y 19.170,39 euros para cuatro o más. Muchos ciudadanos quieren pagar a sus abogados de confianza a pesar de estar por debajo de estos umbrales, pero quieren también librarse de las tasas judiciales. Y es aquí precisamente donde se encuentra el epicentro del conflicto.
Esto es, muchos optan por pedir únicamente asistencia jurídica gratuita en algunos aspectos, como la asistencia pericial o la exención del pago de notario y registros, pero renuncian a abogado y procurador. Así pues, el Colegio de Abogados, que tramita los expedientes, acumula trabajo burocrático, aunque finalmente sus letrados no participan (ni cobran).
Entre julio de 2013 y julio de 2014, en la provincia de Almería se presentaron más de 14.500 solicitudes de asistencia jurídica gratuita (un aumento global del 18 por ciento). Aunque el ámbito penal continúa al frente (casi 8.000), crecen las solicitudes en asuntos civiles, laborales y contenciosos, según estadística del colegio.

TSJA El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) llamó la atención sobre esta situación en su último informe anual. El documento afirmaba que “se ha producido un efecto rebote” que “desborda el turno de oficio”.
¿Por qué? Según el TSJA, “las peticiones se han multiplicado significativamente en el último año tras la entrada en vigor del nuevo texto normativo, que posibilita elegir abogado que el justiciable paga y que se le nombre procurador de oficio”. Y, más aún, porque “posibilita elegir a un abogado y procurador que el ciudadano paga, sin hacer frente a tasas”.
Los operadores recuerdan que se trata de un derecho del ciudadano y no un truco para eludir el pago, pero advierten de la necesidad de reforzar los pagos. El problema está en que la recaudación va a Madrid, pero la financiación  del servicio se hace desde Sevilla. Almería ya lo sufre.