Un fondo e inversión extranjero será el nuevo propietario de cinco señeros edificios de la Junta de Andalucía en Almería.
Se trata de la Delegación Provincial de Servicios Sociales (calle Tiendas, 7), el Instituto Andaluz de la Juventud (calle General Tamayo, esquina Martínez Campos), la Delegación de Salud (Doctor Ferranz, 9 Carretera de Ronda), Delegación de Hacienda (calle Martínez Campos y Arapiles) y dependencias de la Delegación de Empleo (calle Alvarez de Castro).
La operación está a punto de cerrarse con la Junta de Andalucía, la aún dueña de los inmuebles por un valor de tasación de en torno a 20 millones de euros y con un compromiso de arrendamiento a la propia administración autonómica por un periodo de veinte años.
Operación global
La renta global que tendrá que pagar la Junta al fondo de inversión por seguir ocupando estos inmuebles rondará los 1,45 millones de euros anuales. El más cuantioso sería el de las dependencias de Hacienda por un valor anual de 576.000 euros, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuando empezó a fraguarse esta operación de compraventa, en 2011, se incluía también el mastodóntico edificio de Nuevos Ministerios, en la calle Hermanos Machado, pero finalmente no entra en el paquete transaccional.
La operación forma parte de un montante global en toda Andalucía de 70 inmuebles autonómicos con un precio mínimo de tasación de 325 millones de euros. La Junta pagará por ellos un arrendamiento global de 23 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la pasada semana a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la previsión de gasto a largo plazo para la operación de venta y posterior arrendamiento de este lote de inmuebles administrativos.
Esta medida que sigue la fórmula de alquiler con retorno, conocida con la expresión inglesa sale&leaseback, permitirá compensar parcialmente la caída de ingresos por la crisis económica sin renuncia al uso de los edificios.
La liquidez a corto plazo ob tenida por la ventas sumará recursos para el mantenimiento del esfuerzo presupuestario en políticas sociales en un contexto de restricción por el obligado cumplimiento de los objetivos de déficit.
El proceso de enajenación se pondrá en marcha a partir de tres acuerdos aprobados hace una semana por vía de urgencia: el primero autoriza el gasto, el segundo establece nuevos límites para los compromisos presupuestario de las anuales 2032 a 2034 y el tercero establece el sometimiento al arbitraje internacional de las discrepancias que puedan surgir en la formalización de los contratos.
Rebaja
El objetivo, según fuentes financieras, es que la operación se cierre antes de final de año con el objetivo de no incurrir en más déficit, que ya alcanza el 1,4%.
La operación se intentó por primera vez en 20011 cuando el objetivo era obtener unos ingresos de 950 millones de euros, cuya previsión ha tenido que ser más baja ante la caída del mercado inmobiliario y la ausencia de ofertas acordes con esa pretensión de recaudación.
El cuaderno de venta se adjudicó a la consultora BNP, que tras retirar algunos activos como el de Nuevos Ministerios, rebajó la cifra en más de 600 millones.
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