El negocio del narcotráfico mueve en España más de 6.000 millones de euros anuales, según estimaciones del observatorio de las Naciones Unidas. La cifra tiene suficiente peso específico para mostrar la entidad del mercado clandestino, aunque gana relevancia en la comparación con las inversiones públicas en materia de seguridad.
Según los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, el dinero disponible para todo el Ministerio del Interior ronda los 8.000 millones de euros. Así pues, la balanza se iguala, aunque se antoja insuficiente para luchar contra la musculada maquinaria económica del narco, cada vez más conectada con los canales trasnacionales.
El Estado busca alternativas para acortar la brecha entre los recursos de los “buenos” y el poder de los “malos”. Los avances son importantes en la especialización de los agentes, en las alianzas con autoridades internacionales y en la investigación de los circuitos financieros.
En este sentido, una alternativa poco conocida es la reutilización y subasta de los bienes decomisados al mundo de la droga. Es cuantitativamente un grano en una montaña, porque el nivel de recaudación es bajo, pero permite dar salida a objetos abandonados por el sistema judicial tras las condenas a los traficantes.
Según datos del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), el Estado subastó 35 embarcaciones y 56 vehículos retirados a organizaciones criminales en Almería. Se trata de ventas materializadas entre 2011 y enero de 2014. A ellas hay que añadir el dinero líquido localizado, que en 2013 únicamente alcanzó los 57.000 euros en la provincia. Entre estas ventas y las aprehensiones, apenas se superan los 120.000 euros anuales. Por tanto, los beneficios generados para el Tesoro Público son minúsculas respecto al gigante del hachís, la cocaína y la marihuana, pilares del mercado clandestino en la provincia.
Sólo el cargamento aprehendido por Vigilancia Aduanera en un buque italiano en Alborán esta semana, con 8.700 kilos de hachís en la cubierta, habría supuesto más de 13 millones de euros en las calles europeas.
El mercado Más aún, desde septiembre de 2013 los agentes de Aduanas, la Guardia Civil y la Policía Nacional superan ampliamente las 100 toneladas de hachís intervenidas en la provincia de Almería y sus aguas cercanas, además de varios cientos de kilos de marihuana (segunda sustancia por la dimensión de los decomisos por delante de la heroína y las drogas sintéticas).
Los efectos aprehendidos a los narcos pasan al Estado cuando el proceso judicial finaliza con una condena y el juez así los establece. Pasan al denominado Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que gestiona el material, lo clasifica y lo dispone para su subasta o adjudicación.
El fondo distingue entre vehículos (automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas), inmuebles (pisos, chalets, oficinas y plazas de aparcamiento), embarcaciones, joyas y otros objetos baratijas, electrodomésticos, ropa, material audiovisual, teléfonos, muebles y demás enseres decorativos).
Los datos referidos a la venta de bienes intervenidos en operaciones en la provincia de Almería no arrojan grandes cifras, a pesar de que las provincias andaluzas lideran el ranking nacional de aprehensiones. Las enajenaciones de inmuebles son inexistentes, aunque los informes especializados del sector relevan un blanqueo de capitales a través del ladrillo, y la subasta de joyas también es limitada, ya que los agentes tratan de devolver a las víctimas las piezas recuperadas.
Queda trabajo para reconducir los bienes y fondos ilegales en beneficio público. Al gigante sólo se le ven los pies.
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