Catalá admite la “amenaza” para los derechos de los ciudadanos de las tasas judiciales

Rafael Catalá tomó las riendas del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre y, aunque la cercanía de las elecciones generales asoma en el horizonte cercano, no renuncia a abordar reformas para la mejora del sector.
Arropado por una nutrida representación del Partido Popular en la provincia, Catalá aterrizó la tarde de ayer en Almería con un argumentario cargado de proyectos y con un mensaje de diálogo con los operadores jurídicos, muy beligerantes con la gestión del Gobierno del PP en materia de Justicia durante los últimos tres años.

Catalá participó en una charla con un centenar de letrados en el Colegio de Abogados de Almería a las 17 horas y se trasladó al Palacio de Justicia a las 18.30 horas para entrevistarse con la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes Molina (se topó con una protesta convocada por los sindicatos).

El ministro defiende con firmeza algunas de las reformas más polémicas del Gobierno en materia de Justicia, como la modificación del Código Penal que introduce la cadena perpetua revisable. “No es para sentirnos avergonzados”, dijo el ministro ante una pregunta de un letrado almeriense que tachaba la medida de ideológica. “Protegemos primero los derechos de las víctimas”.

También subraya las iniciativas para la mejora de las comunicaciones telemáticas en los órganos judiciales (las competencias en la comunidad son de la Junta de Andalucía) y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la justicia penal y favorecer las investigaciones en las llamadas macrocausas, especialmente en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, se muestra crítico con la polémica Ley de Tasas y afea la gestión de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón. “Cualquier gobierno que no escuche a los profesionales se equivoca”, dijo el ministro de Justicia.
En este sentido, Rafael Catalá admite una posible lesión de los derechos de los cuidadanos con las tasas judiciales. “La aportación económica (de la Ley de Tasas) a las cuentas no era relevante, no era necesario seguir generando ese ingreso, cuando además el conjunto de los profesionales estaba criticando con intensidad esta medida y podía existir alguna sombra de duda de la inconstitucionalidad de esa medida y sobre el impacto real sobre el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos”, aseveró.  “En absoluto compensaba ni la tensión social ni el conflicto ni tampoco la amenaza al derecho de defensa de los ciudadanos”, añadió en una intervención ante un centenar de abogados.

No a la Junta

Catalá impulsó la eliminación de las tasas a las personas jurídicas con su ascenso a la cartera de Justicia a finales de septiembre y asegura que encontró “comprensión” por parte del resto de miembros del Gobierno. “Ha sido una satisfacción poder haber llevado adelante lo que algunos llaman una rectificación o el reconocimiento de un error, y que yo creo que solamente son momentos distintos”, matizó.

Sin embargo, la crítica a la redacción de la norma no implica una cesión a las demandas de las comunidades autónomas que, como Andalucía, reclaman al Gobierno el pago del dinero correspondiente a las tasas judiciales.
Según la propia ley en su preámbulo, el cobro de las tasas debía aumentar los fondos disponibles para la asistencia jurídica gratuita (el turno de oficio), cuyas compentencias son de la Junta de Andalucía. Así pues, el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, reclama 54 millones de euros para la comunidad.

Sin embargo, Catalá no cede. “De la Ley de Tasas no le corresponde nada a la Junta de Andalucía, es un ingreso estatal de la Agencia Tributaria y si la Junta quiere puede crear sus propias tasas (...) ese dinero va a la caja común con el que se financian los servicios públicos”, explicó. “El Estado no le debe nada a la Junta de Andalucía”.
Por otra parte, el ministro se comprometió a “estudiar” la situación de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido para analizar su dotación de jueces, aunque advirtió de las limitaciones presupuestarias y señaló que otras regiones también piden más personal. “Se necesita una visión global”.