la protesta de miembros del sindicato SAT-SOC Almería, plataformas ciudadanas y agricultores frenó ayer el desalojo de siete familias residentes en una finca de invernaderos en La Cañada de San Urbano. La comisión judicial y un representante de la entidad financiera propietaria acudieron a las puertas de la finca a las 11.30 horas para ejecutar el mandamiento del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Almería, pero la resistencia de los manifestantes y de los propios afectados, encerrados en el interior, impidió el desahucio.
El empresario agrícola José Manuel Martínez explota las cuatro hectáreas del terreno desde el año 2013 tras firmar un contrato de arrendamiento y hacerse cargo de las deudas del propietario anterior con los empleados, unas 20 personas aproximadamente. Siete viven con sus familias en tres inmuebles de la finca.
Sin embargo, durante este tiempo la propiedad fue embargada y adquirida por BBVA. La entidad solicitó la retirada del personal del recinto y el juzgado ordenó el lanzamiento judicial para la mañana de ayer, a pesar de las alegaciones presentadas por Victoria Martínez, abogada del empresario, y de José Manuel Vicioso, letrado de los trabajadores afectados por el desalojo.
La comisión judicial llegó acompañada de tres vehículos de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana. Los agentes mediaron entre las partes para facilitar un acuerdo en el conflicto generado ayer a las puertas de la finca de La Cañada.
Negociaciones Según los afectados, el desalojo se pospone al menos una semana, hasta el próximo 21 de mayo, para dar margen a la entidad financiera y al empresario José Manuel Martínez para retomar las negociaciones para la posible compra de la propiedad.
El agricultor ha manifestado su voluntad de adquirir el terreno y recuerda que tiene cosecha plantada y contratos firmados con el personal, la mayoría inmigrantes necesitados del empleo para la regularización de su situación en España.
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