Libreros alertan del fraude en el uso del cheque-libro y anuncia acciones legales

n pleno proceso de escolarización y selección de materiales  curriculares en los centros educativos, las asociaciones de libreros ponen en marcha una campaña para denunciar el fraude en el uso del denominado cheque-libro, regulado en el Programa de Gratuidad impulsado por la Junta de Andalucía.

El gremio defiende su espacio en la venta de libros de texto y advierte que tomará “acciones legales” ante posibles irregularidades en el uso de los cheques. Según señala la Federación Andaluza de Libreros (FAL),  “el programa indica claramente que   no  está  permitida  la gestión  de  los  cheques-libros  por  parte  de  AMPAS,  asociaciones  o  los  propios  centros  docentes”.

El sistema En la provincia de Almería unos 70.000 alumnos se benefician del programa de gratuidad de libros. El sistema implantado por la Junta de Andalucía, de forma simplificada, insta a los padres a acudir a las librerías de su elección para adquirir el material. Son éstas las que emiten luego la factura al centro.

“Las familias podrán adquirir los libros de texto en cualquier establecimiento de su elección, canjeándolos por el cheque-libro debidamente cumplimentado”, explican las bases del plan andaluz. “Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas para su abono, antes del 30 de noviembre de cada año”.

El problema surge cuando las asociaciones de padres y madres o los propios centros gestionan los cheques del alumnado y, por tanto, priman unos puntos de venta frente a otros. Por eso FAL asegura que estará atenta a tomar acciones legales.

“Solicitamos la colaboración de madres y padres de alumnos en defensa de sus propios intereses y los de sus hijos, pues no es función propia de centros sostenidos con fondos públicos obtener beneficios con la venta de productos”, señala Juan García, presidente de FAL. “Es obligatoria la entrega de los cheques-libro de manera individual y directa a los propios padres”, subraya.

El conflicto de los cheques se repite cada año desde la implantación del programa e, incluso, ha supuesto investigaciones judiciales por supuestas irregularidades. En la provincia de Málaga  la Fiscalía abrió diligencias contra los centros vinculados al Obispado tras una denuncia de la Asociación de Papelerías de Málaga.