La dura exigencia de pruebas frena la concesión del asilo político

Nació cristiano en Costa de Marfil, pero hoy vive como musulmán en Almería. Desde hace tres años busca oportunidades de empleo en el limbo de la clandestinidad. El único papel que tiene es una orden de expulsión dictada por España durante su estancia en la ciudad autónoma de Ceuta, convertida en su puerta de entrada a Europa. Una orden nunca ejecutada.

Hace un año y medio inició el trámite para la obtención de la condición de asilado político. Sin éxito. A pesar de presentar la cicatriz de un machetazo en una mano y un tiro en la pierna izquierda, marcas de la persecución religiosa, y proceder de un país marcado por un conflicto interno, la Administración le niega la acogida.

El Tribunal Supremo (TS) reconoce en una sentencia fechada en el mes de julio la situación de su país. “Desde el estancamiento político sufrido tras las elecciones presidenciales del pasado 28 noviembre 2010, en Costa de Marfil se mantiene una situación muy tensa e inestable (...) se ha visto caracterizada por incidentes violentos y noticias acerca de serios abusos contra los derechos humanos”. 

Sin embargo, el TS avala al Ministerio del Interior, que rechazó el asilo político de este joven residente en Almería porque no encontró pruebas suficientes para acreditar que fuera represaliado. El tribunal añade que el contexto de Costa de Marfil ha mejorado.

Solicitudes
El caso ejemplifica la dificultad de miles de refugiados para acreditar su condición en el país. Según explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su Informe 2015, “España recibe menos del 1 por ciento de las personas que solicitaron protección internacional en la UE”. “Existen grandes dificultades para que las personas solicitantes de protección internacional”, añade CEAR.

Según estadísticas oficiales del Subdirección General de Asilo del Ministerio del Interior, el año pasado se presentaron 89 solicitudes de protección internacional. Es una cifra “baja” a pesar de la llegada de muchos ciudadanos africanos procedentes de zonas de conflicto como Mali.

Además, otras 10 personas emitieron peticiones para su inclusión en el estatuto de apátridas (personas que carecen de nacionalidad, por ejemplo, como consecuencia de su expulsión de un país en guerra civil o de una región segregada).

Mientras, en el año 2013 se  contabilizaron en la provincia de Almería 245 peticiones de asilo, la inmensa mayoría de súbditos malienses y sólo dos de ellas emitidas por nacionales de Siria. 

“La postura de España ha sido ridícula”, critica Juan Miralles, coordinador de Almería Acoge. “No es un fenómeno nuevo, desde hace años llegan muchas personas huyendo de situaciones calamitosas, pero es muy difícil para ellos conseguir el estatus de refugiado”, lamenta.

Documentos
Miralles alude a los problemas para aportar documentos para acreditar la persecución, especialmente cuando se trata de ciudadanos que huyen de zonas de conflicto con riesgo para su vida. Cree que la normativa no resuelve la obligación humanitario con los refugiados. “Hemos presenciado casos absurdos, como un chico del este de Europa que recibió un tiro en la pierna, que tuvo que salir del país y fue operado en Almería, pero al que no se aceptó la petición de asilo”, explica Juan Miralles.

CEAR matiza que las cifras nacionales de concesión de asilo han crecido al calor de los refugiados sirios, aunque encuentran todavía carencias en el proceso para la acogida.  Además, subraya el respaldo de los tribunales a las denegaciones acordadas por el Ministerio del Interior, como el caso relatado del costamarfileño residente en Almería. 

“A pesar de los avances en la jurisprudencia europea analizados en los últimos informes anuales de CEAR, en 2014 los tribunales españoles insistieron en su tradicional conformidad con las resoluciones de asilo del Ministerio del Interior: tan solo una sentencia corrigió la denegación de la protección internacional”, describe la Comisión de Ayuda al Refugiado.

Justicia
Marcelo Quílez, abogado almeriense especializado en asuntos de Extranjería, respalda este análisis. “Les piden muchos documentos imposibles de conseguir, los cansan, los queman, y luego rechazan las solicitudes donde menos de lo esperas”, afirma. 

El letrado considera que la dureza de los requisitos contrasta con la realidad de los refugiados. “No se puede permitir, es un situación inadmisible que debería avergonzar a los políticos”, critica. La estrategia para la concesión de los asilos “choca con un mundo libre”. “Ante una situación de asilo poca documentación  se le puede exigir a los refugiados”, apostilla el jurista almeriense.

Por su parte, el Gobierno central argumenta un aumento en las peticiones de acogida de los últimos años y avala su gestión con la tasa de solicitudes aceptadas. “Se han concedido 203 estatutos de refugiado, 325 estatutos de protección subsidiaria y 4 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, lo que sitúa la tasa de reconocimiento en un 20,62 por ciento del total de las resoluciones adoptadas”, detalla Interior en Asilo en cifras 2013.