El Colegio de Abogados analiza la reforma penal

El derecho penal está atrapado en el ojo de un huracán normativo. La reforma del Código Penal, la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal agitan el sistema judicial y obligan a los profesionales a emprender una proceso acelerado reciclaje y adaptación a las nuevas reglas.

Con este objetivo, el Grupo de Abogados Penalistas de Almería, adscrito al Colegio de Abogados y presidido por el letrado Juan Marfil, organiza las II Jornadas de Actualización del Código Penal 2015. “Estas jornadas surgen del éxito de las primeras, donde el aforo del salón de actos del colegio se quedó pequeño para tanta demanda”, señaló Marfil durante la apertura del encuentro la tarde del jueves.

Un centenar de abogados acudieron a la primera sesión de las jornadas, previstas para los días 22, 23 y 26 de octubre. La ponencia inaugural corrió a cargo del magistrado  granadino Francisco Soriano Guzmán, miembro de la Audiencia Provincial de Alicante y del Tribunal Español de Marca Comunitaria. Soriano desarrolló en su conferencia el impacto de los cambios normativos en la regulación de los delitos vinculados a la propiedad industrial, materia de la que es reputado experto.

Programa
La jornada del jueves se completó con la intervención de los penalistas Francisco Torres y Miguel Ángel Torres. Su conferencia versó sobre la “administración desleal, la apropiación indebida y la insolvencia punible”.

El programa de las jornadas se cierra con las ponencias de José Manuel Maza Martín, magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Soriano, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería,  y Fernando Brea, teniente fiscal de Almería.

Particularmente esperada es la intervención del José Manuel Maza Martín. El magistrado es uno de los juristas más prestigiosos del país gracias a su participación en conocidos procesos penales de relevancia nacional. Su conferencia analizará a partir de las 10 horas del viernes “la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

Se trata de una asunto de plena actualidad que afecta a las responsabilidades de empresas, administraciones y asociaciones en delitos contra la Hacienda Pública, contra la ordenación del territorio y relativos a la propiedad intelectual e industrial.