Un jurado popular juzgará el Caso Cheques

El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería ha acordado que el juicio del Caso Cheques por la presunta malversación de unos 300.000 euros de una cuenta corriente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería se celebre por la Ley del Jurado, y ha citado a los dos imputados, Clemente García, exdelegado provincial, y el funcionario Miguel G. L., a una comparecencia señalada para el próximo día 23.

El auto, que estima que concurren indicios suficientes de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, llega después de que se hayan completado las últimas diligencias ordenadas, en concreto, un informe ampliatorio que ofició el juzgado instructor para indagar en su patrimonio del funcionario, y por cuyas conclusiones, tuvo que prestar una nueva declaración con asistencia letrada en sede judicial el pasado 22 de octubre.

La comparecencia, que tendrá lugar a las 10 horas, servirá para concretar a los encausados la imputación por la que la jueza propone que vayan a juicio con jurado popular y para dar traslado a las partes para que soliciten nuevas diligencias de prueba si lo estiman oportuno, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Tasas
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de la recaudación obtenida por esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.

La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para “burlar el control de la Agencia Tributaria” y muchas de extracciones habrían tenido lugar “el mismo día” y “a intervalos de escasos minutos” sin que, al parecer, en los cheques depositados “se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica” aunque los testigos de la entidad financiera habrían identificado a Miguel G.L. como la persona que cobraba esos cheques.

Así, la instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario, sobre todo a raíz de esta última pericial aportada a la causa que señala, en la primera remesa de Cheques de 2009, “correspondencias” entre las cantidades cobradas en efectivo con cargo a esa cuenta autonómica y los ingresos realizados con poca diferencia en el tiempo por Miguel G.L. en cuentas de las que era titular.