La Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el subinspector de la Policía Nacional y dos agentes adscritos a la Oficina de Extranjería d eAlmería acusados de facilitar y agilizar la obtención de autorizaciones de residencia a cambio de dinero en el marco de una presunta trama que fue desarticulada en Almería en abril de 2009.
Los tres serán enjuiciados por un jurado popular junto a otros cinco procesados, entre los que figuran un funcionario de la Oficina de Extranjería, los tres responsables de la asesoría ´R&M´, y el hijo del subinspector de la Policía Nacional, a quien el Ministerio Público le atribuye la función de "mediador" entre la citada asesoría y los funcionarios públicos.
A todos les imputa la supuesta comisión de un delito continuado de cohecho mientras que a uno de los tres socios de ´R&M´, J.M.A.G, le acusa, además, de un segundo delito de continuado de cohecho en concurso medial con un delito, también continuado, de falsedad en documento mercantil ya que, durante la investigación, se destapó una segunda trama que dedicaba a obtener para empresas y particulares certificados fraudulentos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
En concreto, por esta segunda supuesta trama se sentarán en el banquillo otros cinco procesados entre los que figuran un funcionario de la AEAT en El Ejido, quien habría expedido los citados certificados, tres empresarios y un cuarto agente de la Policía Nacional al que le habrían solucionado una deuda personal con el fisco que ascendía a 10.000 euros. Para todos ellos interesa penas de seis de años de cárcel.
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