Puede volver a ocurrir, la agricultura puede ser de nuevo la moneda de cambio de la política exterior de España y de la Unión Europea. La nueva amenaza llega de la mano del incumplimiento por parte de España de los objetivos para controlar el déficit público del país.
Mientras los representantes del Gobierno celebran haberse librado de una multa que se calculaba en el entorno de los 2.200 millones de euros. Sin embargo el ‘perdón’ de Bruselas tiene truco porque a cambio se aplicarán duras medidas de ajuste que pueden redundar muy especialmente en las ayudas estructurales.
La voz de alerta llega de la mano de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), que ha advertido que las medidas contra el déficit español ponen en serio peligro el relevo generacional o los proyectos de modernización del sector hortofrutícola.
Ajuste versus recortes
Para salvar la multa, se prepara ya un amplio paquete de recortes y suspensiones de los fondos que la Unión Europea destina a las zonas rurales. El recorte afectaría directamente a 17 programas autonómicos de desarrollo rural, y entre ellas las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes, a la modernización de las explotaciones agrarias, a la mejora de regadíos, a la compatibilización de la agricultura con el medio ambiente, a las medidas agroambientales y del clima, a la agricultura ecológica o a la innovación de sistemas agrarios.
Para Andrés Góngora, secretario provincial de Coag, toda una carga de profundidad para el sector agrario porque hipotecarían el relevo generacional y frenaría los procesos abiertos para modernizar los sistemas productivos.
Ajuste duro
Esas ‘medidas de ajuste’ supondrán en el caso de España una reducción del montante destinado a los fondos estructurales que oscilará entre los 1.100 y los 1.300 millones de euros, comprometiendo numerosos programas y planes de desarrollo rural.
Todas las alarmas han saltado ante esta posibilidad, que se ha hecho más cierta tras conocerse la decisión de no aplicar una multa directamente al Estado español. La primera reacción de Coag ha sido el envío a los europarlamentarios españoles en los que les alerta del grave impacto que tendría la suspensión de los fondos de la UE para las zonas rurales, y en concreto para el relevo generacional o para la modernización.
Inaceptable
Los representantes de los agricultores consideran “inaceptable” el grave impacto de las suspensiones en esos programas de apoyo, “esenciales por su carácter estructural para abordar las condiciones económicas o sociales adversas en el sector agrario y en zonas rurales”.
Antes de tomar la decisión de cogelar esos fondos, la Comisión tendrá que consultar al Parlamento Europeo y es ahí donde los agricultores buscarán una participación activa y beligerante por parte de los eurodiputados españoles. La propia Coag se ha ofrecido para ser interlocutor en ese próximo debate.
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