Mientras deciden quién le pone el cascabel al gato, más de 3.000 hectáreas de invernaderos del Bajo Andarax se han quedado sin agua para regar la cosecha. Al día de hoy son ya 72 horas las que las plantas de sandías, melones y tomates no reciben socorro para madurar y ser comercializadas por los agricultores de esa comarca.
El motivo es que el aporte del principal sostén hídrico de más de 1.000 agricultores - los 15 hectómetros anuales de la depuradora del Bobar- ha sido anulado por el director general de Planificación de la Consejería de Medio Ambiente, Juan María Serrato.
Los regantes solicitaron la autorización provisional, como vienen haciendo desde hace 26 años, en septiembre de 2015 y en febrero de 2017, que ha sido denegada hace escasas fechas.
La consejería, tuteladora de este caudal, fundamenta su decisión en que en el expediente de solicitud hay deficiencias sobre “el lugar de uso del agua regenerada, que la analítica aportada no ha sido realizada por un laboratorio acreditado, que el proyecto no contempla sistemas de bombeo desde el depósito de Costacabana y la insuficiencia de los elementos de control y señalización”.
Sin concesión provisional ni definitiva de agua, los regantes se ven abocados a la pérdida del final de esta cosecha y a la incertidumbre sobre la que viene. Los regantes, encabezados por el presidente de la Federación, José Antonio Fernández, se reunieron ayer de urgencia con la delegada del Gobierno, Gracia Fernández, y con el delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz, para buscar una solución in extremix para garantizar los riegos agrícolas.
Guerra comunera
Se está trabajando desde ayer, por ello, en la autorización del uso de pozos y en la llegada de agua desalada de Carboneras, a través de la Comunidad de Níjar. Sin embargo, como reconoce el presidente de la Comunidad General de Usuarios de Aguas de Almería, José Antonio Pérez, “eso solo puede paliar pero no evitar el drama que supone la falta de agua”. No hay tiempo tampoco para construir una conexión desde la Desaladora de Almería y el aporte de la de Carboneras no podría superar los 5.000 o 10.000 metros cúbicos.
Cómo se puede entender, entonces, desde el punto de vista del aprovechamiento económico, que el agua de la depuradora, que es tratada y desinfectada con ozono según los parámetros vigentes, acabe en el mar de Costabana en vez de socorrer los cultivos de invernadero.
Se presupone que los regantes y la Administración quieren lo mismo: riqueza para esa comarca agrícola almeriense.
Sin embargo, los antiguos y nuevos enfrentamientos entre las dos organizaciones de regantes, más bien entre sus dirigentes, que gestionan este agua- el Sindicato de Riegos de Almería y Siete Pueblos de su Río y la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas- hacen que el agua del Bobar haya salpicado a los tribunales de justicia: la primera organización ha presentado denuncia ante la Fiscalía por el uso que se hace de ese agua cuyos propios afiliados utilizan.
En esa situación de investigación judicial, la Administración parece que no ha querido comprometerse con una nueva autorización provisional y ha preferido cortar por lo sano cerrando el grifo.
Ni siquiera la constitución de la Comunidad General de Usuarios que agrupa a ambas facciones de regantes, ha conseguido que llegue la paz al feraz invernadero del Andarax.
Mientras tanto, las plantas no entienden de papeles ni de guerras y acabarán por secarse, echando a perder 1,2 millones de jornales, comprometiendo contratos con los clientes y dejando malherida la mayor zona productora de tomate de la provincia.
El grifo se cierra también para las fincas experimentales de la Fundación Tecnova y de Anecoop-UAL.
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