Los agricultores del Levante y del Almanzora que suman 19.000 hectáreas de cultivos de frutas y hortalizas de invernadero y al aire libre tienen claro que no se van a conformar con el déficit hídrico que padecen.
Tras la suspensión del trasvase del Negratín por el escaso nivel de agua embalsada, la sociedad Aguas del Almanzora se ha puesto manos a la obra y ya a encargado el anteproyecto de una nueva estación desaladora junto a la actual que está averiada desde hace cinco años entre Palomares y Villaricos.
Se trata de una instalación de 30 hectómetros -el doble que la de Acuamed- y que podría estar finalizada en el plazo de dos años.
Los regantes colaborarían en la financiación y se encargarían de la gestión de la nueva desaladora y ya han pedido colaboración a la Consejería de Agricultura y a la de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que aporte recursos para poder sufragarla.
A la Estación hay que añadir la instalación de las redes de distribución hasta Pulpí y Huércal-Overa.
El presidente de Aguas del Almanzora, Javier Serrano, indicaba ayer que “no podemos permitirnos el lujo de no tener garantías de agua, porque esto es ya una gran industria en la comarca que no se puede parar y de la que viven miles de familias”. Añadió que “si no tenemos agua la buscaremos y ya hemos sido ejemplo en España con la financiación y traída de aguas del Negratín”.
Escombreras De hecho, un grupo de empresarios murcianos están estudiando la construcción con capital privado de la mayor desaladora del mundo para regadío en el campo de Escombreras junto a Cartagena con una planta que produciría 352 hectómetros anuales y 1.200 millones. Este grupo se ha fijado en las actuaciones llevadas a cabo por Aguas del Almanzora para impulsar su iniciativa. El consejero de Agricultura, Francisco Sánchez Haro, tasó esta semana el déficit hídrico en la provincia en 170 hectómetros y expresó que si se ejecutan todas las obras pendientes se solucionaría el problema
El diputado y portavoz nacional del PP, Rafael Hernando, avanzó hace unos días que el Gobierno va a solicitar a la Audiencia Nacional que alce la intervención judicial de la Desaladora de Cuevas, que está blindada desde hace más de un año por la Operación Frontino que analiza posibles fraudes en distintas obras promovidas por la sociedad estatal Acuamed. Si la Audiencia lo autoriza se procedería a desbloquear su uso.
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