Los agricultores exigen al Gobierno que se cumplan los precios mínimos

Las organizaciones agrarias de la provincia -Coag, Asaja y UPA- estallaron ayer ante lo que consideran un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que debe garantizar un precio mínimo para el agricultor que cubra los costes de producción. 

Los representantes de estos tres colectivos, Andrés Góngora (Coag), Antonio Navarro (Asaja) y Francisca Iglesias (UPA), dieron ayer su parecer sobre la actual situación que consideran gravosa y registraron un escrito en la sede de la subdelegación del Gobierno, en la calle Arapiles, dirigido a Fernando Miranda Sotillos, secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En el documento, las organizaciones le hacen ver que es necesaria la aplicación de la Ley de 2013 que fue modificada el pasado mes de febrero y que no se está cumpliendo.

El espíritu de esta normativa es que los agricultores se aseguren un precio mínimo y un margen comercial que impida que las cadenas de distribución se aprovechen comprando frutas y hortalizas por debajo de coste, a resultas y sin contrato previo.

Los representantes agrarios hicieron un llamamiento al secretario general “para recalcar nuestra más absoluta disposición para trabajar y encajar la ley en las peculiaridades el sector. Consideramos que la formación e información de los distintos agentes de la cadena es una cuestión esencial para el correcto funcionamiento de la legislación y de la propia cadena de valor”.

Añaden en su escrito que “queremos solicitarle que desde el Ministerio se posibilite y se inste a la Organización Interprofesional Hortiespaña, al cumplimiento de las funciones paras las que está reconocida y en especial el desarrollo de contratos tipo e índices de referencia de precios y costes de producción”.

La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en febrero justo antes de decretarse el Estado de Alarma, ha estallado creando tensiones entre los diferentes agentes del sector agrario almeriense. La clave de este nuevo texto legal es el del establecimiento de un precio mínimo de  las frutas y hortalizas, según el coste de producción que estime el agricultor. 

Las cooperativas de Coexphal  calificaron la nueva normativa como “una condena para el campo almeriense”, alertando de que es imposible de cumplir por parte de los agricultores y las empresas y que podría reportar sanciones cuantiosas para los distintos operadores en el negocio del invernadero.

Para Góngora, con la nueva norma de precio mínimo “se pone a nuestra disposición una herramienta con la que mejorar nuestra posición negociadora y evitar abusos”.