La Audiencia Provincial de Almería ha dictado las tres primeras sentencias -hay más de cuatrocientas aún en curso- en las que condena a fabricantes de vehículos a devolver el dinero a los camioneros clientes por el cobro de sobreprecios, que según el fallo ha quedado suficientemente probado.
Los damnificados almerienses que han obtenido ahora la estimación del recurso del tribunal son Morteros Ibalmería contra la italiana Fiat Chrysler Automóviles (Iveco); Transjomigar contra la sueca Volvo; y un particular, José María Quiles, contra la holandesa DAF. En todas, el tribunal ha admitido como hecho cierto un sobreprecio de hasta el 20% en cada camión, lo que uniendo los intereses de demora, arroja una cifra en torno a 26.000 euros por vehículo, una cifra que recuperará el transportista una vez se pida la ejecución de la sentencia.
Los hechos juzgados se remontan a 2017, cuando a través de denuncias de compañías por presuntos precios pactados entre los fabricantes, la Comisión Europea inició una investigación que dio como resultado la admisión de ese delito de concertación de precios en un cártel por parte de la mayor parte de los fabricantes con la imposición de una multa. Scania fue el único de los fabricantes que no admitió la existencia de ese oligopolio para subir precios de forma conjunta y no liquidó la sanción, mientras que el gigante germano Man quedó exenta de responsabilidades al haber denunciado también esas prácticas ilegales.
La mayor parte de los fabricantes, tras el rechazo del recurso de apelación, están recurriendo en casación al Tribunal Supremo, que es muy posible que en breve unifique doctrina y no admita a trámite más recursos. El argumento dado por la representación procesal de los fabricantes, de que los camioneros repercutieron el sobrecoste en los portes, no ha sido estimado por la Audiencia.
Almería es una de las provincia españolas que más se puede beneficiar de esta jurisprudencia, puesto que reúne una de las mayores flotas de transporte por carretera.
En la provincia funciona desde hace años una plataforma de afectados -Aredafac- que representa a unos 2.000 camiones. Su portavoz, Juan de la Cruz García, del despacho Fiscosur, considera que las cantidades globales a percibir podrían alcanzar los 50 millones de euros.
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