Las empresas que harán posible con sus trabajos de ingeniería que algún día los almerienses se suban a un AVE han recibido un fuerte varapalo.
La tormenta ha llegado a través de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que ha impuesto multar por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona (29,4 millones); Dragados (57,1 millones); FCC (40,4 millones); Ferrovial (38,5 millones); OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Además, la Comisión ha determinado la prohibición a estas empresas de contratar, por ahora, con la administración. En cualquier caso, la decisión no debe alterar plazos del AVE a Almería porque la mayoría de los tramos del Corredor hasta Murcia están licitados o adjudicados.
La Comisión ha explicado que, desde 1992, directivos de estas seis empresas se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas, intercambiando información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como puertos, aeropuertos, carreteras o líneas férreas, según la CNMV, y el Ministerio de Fomento, actual de Transportes, es el principal organismo afectado.
Las empresas afectadas han comunicado que recurrirán la sentencia dictada y la multa impuesta ante la Audiencia Nacional confiando en la anulación de la resolución.
De volverse firme esta sentencia, la pregunta que cabe hacerse es cómo se ha tardado más de dos décadas en detectar este cártel de precios, cuyos efectos han sido dañinos también para Almería al alterar los precios de obras como la A-92, trabajos en el aeropuerto o las obras del AVE.
Las empresas multadas del AVE de Almería son FCC, de Esther Koplowitz, Ferrovial, de Rafael del Pino, Acciona, de José Manuel Entrecanales, Sacyr, presidida por Manuel Manrique y participada por el almeriense de las tragaperras, Manuel Lao, y Dragados, de Florentino Pérez.
Las compañías Comsa y Sando, que trabajan también en tramos, no han sido salpicadas por ese escándalo de reparto de licitaciones con precios e informes técnicos pactados.
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