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El Banco Santander, a través se su sociedad inmobiliaria Aliseda, ha lanzado una campaña de venta de activos inmobiliarios que en la provincia de Almería afecta a 50 suelos y obras paradas. Aliseda está participada al 51% por el fondo Blackstone y al 49% por el banco de Ana Patricia Botín, donde se agrupaban los activos tóxicos heredados tras la absorción del Banco Popular. Para su propia cartera, el Santander creó el pasado año la plataforma inmobiliaria Diglo.
En el portfolio de esta oferta denominada ‘Somos todoterreno’ aparecen edificio en obras sin acabar en numerosos municipios de la provincia: un residencial en la calle Padre Rubio de Dalías por 330.000 euros; en la Plaza de la Vega de Pechina por 331.000 euros; calle Trafalgar de Roquetas por 283.000 euros. También aparecen más activos de obras paradas entre 5.000 y un millón de euros en Huércal de Almería, Las Herrerías de Cuevas del Almanzora, Vícar, Loma Cabrera (Almería) o El Ejido.
También salen a la venta suelos urbanizables en la Avenida Carlos III de Roquetas, calle Castilla de El Ejido, calle Rosa Chacel en Almería, calle El Prado en Almería, Olula del Río, San Agustin El Ejido, calle Río Nilo El Ejido, calle Sevilla en Huércal de Almería, Huerta de la Higuera en Líjar o calle Ruano en Almería, entre otros.
En toda España, el plan incluye condiciones ventajosas en 750 suelos, con una entrada del 5% del precio y pago aplazado hasta 2025 en diferentes modalidades, por lo que esta flexibilidad permite al promotor iniciar estos desarrollos aunque no tenga toda la financiación. El plan también ofrece 140 obras paradas: los promotores aportan el 20% inicial en escritura pública y pueden aplazar a 2025 el pago del resto, con varias fórmulas.
Con esta propuesta, Aliseda aporta a los promotores la flexibilidad para poner en marcha sus proyectos antes de obtener la financiación bancaria, al tiempo que potencia la construcción de nuevos inmuebles residenciales con los activos de sus carteras Quasar y Sareb.
Para las 140 obras paradas que incluye el plan en todo el país, los promotores aportan el 20% inicial en escritura pública, pudiendo aplazar el abono del importe restante a 2025, mediante diversas fórmulas de pago. La compañía dota de margen al promotor adaptándose a sus necesidades para reactivar estos proyectos.
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