El informe ‘Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el Sáhara Occidental: el caso del tomate’ revela, de ser veraces todos sus extremos, que cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial. “El Plan “Generation Green” marroquí pretende contar en 2030 con 5.000 hectáreas de producción hortícola en el Sáhara Occidental. “Mientras tanto, el epicentro de la producción nacional de esta hortaliza, Almería, ha perdido 2.200 hectáreas del cultivo en apenas 5 años ante la creciente presión de las importaciones, por encima del 170%” según ha detallado, el secretario de Coag en Almería, Andrés Góngora.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -publicada el pasado mes de octubre- que anula la autorización a Marruecos para exportar tomate del Sáhara podría ejecutarse antes de lo previsto, sorteando el periodo de gracia de 12 meses que puede permitirse legalmente.
La Comisión Europea se encuentra evaluando la sentencia del Tribunal que anula esa parte del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos. En la última Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, a la que pertenece la eurodiputada almeriense Carmen Crespo, se analizó la sentencia que anula la ampliación de las producciones del Sáhara Occidental a través de concesiones otorgadas a Marrueco y también la relativa al etiquetado de esas producciones.
No hay aún una unidad de criterio, pero su aplicación inmediata es una posibilidad, tal como han demandado las organizaciones agrarias almerienses. Lo que sí se aclaró en la Comisión es que no está en tela de juicio el Acuerdo de Libre Asociación con Marruecos, aunque sí la preferencia arancelaria extendida al Sáhara, al no ser un territorio reconocido por todas las naciones de soberanía marroquí, a la fecha actual.
Carmen Crespo explicó las consecuencias negativas que las concesiones agrícolas a Marruecos están teniendo para las producciones comunitarias. Recordó que, al firmarse el primer acuerdo de asociación con Marruecos, en algunos productos las importaciones se multiplicaron por cuatro.
A modo de ejemplo, mencionó que Marruecos es ahora el principal proveedor de frutos rojos y que, en el caso del tomate, el 73,7% del valor de las importaciones de tomates no comunitarios proviene de Marruecos. Crespo indicó que los agricultores no confían en que los acuerdos se estén cumpliendo de manera estricta, ya que consideran que el control de las importaciones no ha sido el adecuado.
La organización Coag, por su parte, ha exigido en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.
Así lo expuso el responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada hace unos días por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de sentencia.
Según Coag “gracias a las ventajas del acuerdo de libre comercio firmado con la UE, los deficientes controles en frontera y la desidia de las administraciones españolas y europeas, el rey de Marruecos construye de forma ilegal la “megalópolis del tomate” en Dakhla a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español. Así se desvela en el informe de investigación presentado hace unas fechas por la ONG Mundubat y la Coag.
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